Rafael Catalá, ministro de Justicia, ha propuesto este viernes al Consejo de Ministros denegar la extradición de los siete exministros franquistas reclamados por una juez de Argentina por presuntos delitos cometidos durante la dictadura de Franco.
La decisión de responder negativamente a la petición de la jueza María Servini se basa en los principios de jurisdicción preferente, así como en la extinción de responsabilidad y la doble incriminación.
Aunque la petición de la jueza argentina se basa en el principio de justicia universal para perseguirlos por unos delitos que no han sido juzgados, la respuesta de Catalá se ha centrado en que la jurisdicción preferente es aplicable, ya que "esas personas están en España y los delitos que hipotéticamente cometieron fueron en territorio español".
Catalá también ha señalado que los hechos que la jueza Servini atribuye a los exministros, como son los de firmar condenas de muerte, "no eran delito según la legislación de la época y, en todo caso, habrían prescrito". La prescripción de los hechos es el tercer motivo en el que va a escudarse el Gobierno para denegar la extradición. El titular de Justicia ha recordado que la causa se abrió en 2014 para unos hechos que se produjeron durante la década de los 70, por lo que han pasado más de quince años, que es el plazo de prescripción. Servini basa su petición en que se trata de crímenes de lesa humanidad y que por, lo tanto, no prescriben.
Poca colaboración
Esta decisión de Justicia seguramente no sorprenderá a la jueza que lleva adelante la llamada querella argentina, en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos cometidos durante la dictadura franquista. Hay un total de 19 acusados, entre ellos el exministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979 Rodolfo Martín Villa, y el exministro José Utrera Molina, suegro del anterior ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón.
Sin embargo, Servini no cree que la investigación que encabeza vaya a caer en saco roto. "Yo creo que a la larga serán los jueces españoles los que investiguen. Hay muchos con ganas de hacerlo. Pero ahora quizá no es el momento idóneo. Hay que tener paciencia". Y ante la pregunta de si un cambio de Gobierno podría propiciar la apertura de causas contra crímenes franquistas, la magistrada no dudó: "No voy a meterme en política porque no me corresponde. Pero claramente es una decisión política".
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