Declaración de cargos públicos por la República

La situación de crisis que continuamos sufriendo en nuestro país es una agresión absoluta contra la ciudadanía, un ataque que pone en tela de juicio el cumplimiento de los valores expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde nuestra función y responsabilidad como cargos públicos en pueblos, ciudades, Comunidades Autónomas, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, donde ejercemos labores de representación democrática en puestos de toma de decisiones, elevamos nuestra voz para MANIFESTARNOS CONTRA ESTE ORDEN ESTABLECIDO, contra este sistema descarnado que, sin ningún tipo de contemplaciones, sume en la pobreza más absoluta a la mayoría ciudadana en beneficio de una minoría, de una elite enriquecida a costa de despojar a las capas populares de sus derechos más básicos. Nos declaramos en contra de un sistema que a su vez sigue limitando libertades y coartando cualquier elemento de participación democrática.

El año pasado el sistema se dotó de un cambio meramente cosmético. La abdicación de Juan Carlos I de Borbón dio paso a una nueva etapa en la monarquía española, una modificación superficial con la que pretenden llevarnos a una segunda transición. Pero la proclamación del nuevo rey Felipe VI tuvo una contestación en las calles y plazas de nuestras ciudades. El pueblo español contestó y gritó que no quiere tutelas y que quiere ser dueño de su propio destino. Por eso, los hombres y mujeres que formamos parte de la JER, impulsamos la Asamblea Ciudadana Pro Referéndum para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tuvieran la oportunidad de ejercer su derecho a elegir quién debe ser su Jefe del Estado, para que pudieran elegir entre Monarquía o República.

Por ello nos manifestamos contra un sistema que consideramos agotado, injusto y con graves carencias democráticas, que niega a su propio pueblo la capacidad para decidir sobre su futuro, y todo ello:

* Por un bipartidismo producto de una deficiente representatividad que, además, no puede ofrecer ya sino más pobreza, más injusticia y más corrupción, con el vaciamiento, cuando no incumplimiento, del actual modelo constitucional.

* Porque los derechos sociales recogidos en la Constitución se han convertido desde el principio en papel mojado. Así ocurre, entre otros, con el derecho al trabajo (art. 35) y el derecho a una vivienda digna (art. 47), resultando un sarcasmo que se afirme que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo (art. 40) y que impedirán la especulación del suelo (art. 47).

* Porque es un régimen monárquico corrupto y con ilegitimidad de origen, con un Jefe del Estado no elegido sino puesto por el dictador Franco, como institución arcaica carente de los más elementales supuestos democráticos.

* Un régimen que permite que permanezca de forma vergonzosa sin resolver la impunidad del franquismo para con sus víctimas, negándoles la verdad, justicia y reparación.

* Una administración de Justicia que no cumple con el derecho de todos los ciudadanos a tener una justicia rápida, justa y efectiva, en lugar de la desigualdad ante la ley, la impunidad y los indultos selectivos y la ausencia de una separación real de poderes.

* Una política educativa, en la cultura y en los medios de comunicación que no están orientadas al desarrollo pleno de las personas, la inteligencia y el disfrute, sino en crear súbditos más que ciudadanos libres a través de un pensamiento uniformado contario a cualquier capacidad crítica.

* Porque su modelo económico es incapaz, por su propia naturaleza, de ofrecer una vida digna a los millones de trabajadores en desempleo, a los miles de ciudadanos que son desahuciados, a los jóvenes que trabajan en precario y con sueldos basura, a los jubilados que sobreviven a duras penas con pensiones de miseria, etc.

* Porque las reivindicaciones de los diferentes pueblos a su derecho a decidir en un marco de mejor convivencia no encuentran solución en el actual Estado de las autonomías.

* Porque la limitación a las libertades democráticas y al derecho de opinión, expresión y manifestación están siendo seriamente limitados.

* Porque la política exterior se distingue por el sometimiento a los intereses de Estados Unidos, con el abandono del pueblo saharaui y palestino, la presencia de bases y el ingreso en la OTAN, los impropios gastos militares, la colaboración en las guerras imperialistas de agresión contra Iraq, Siria, Afganistán y Libia, etc. También con la limitación al ejercicio de la justicia universal.

Estos y otros rechazables elementos que caracterizan al régimen actual y a las políticas que lo sustentan hacen que nosotras y nosotros, como Cargos Públicos, queramos presentar con esta Declaración una PROPUESTA PARA CREAR UNA SOCIEDAD NUEVA, formada por mujeres y hombres dueños de su destino, que pueda ofrecer un futuro próximo en mejores condiciones de ser vivido. Esta propuesta, aquí y ahora, no puede ser otra que la de un firme LLAMAMIENTO POR LA REPÚBLICA.

Una República como RUPTURA CON EL MODELO MONÁRQUICO Y NEOLIBERAL SALIDO DE LA TRANSICIÓN, que establezca un modelo de estado más democrático, de más libertad e igualdad que termine con la sociedad patriarcal, donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno y donde sus derechos y obligaciones estén constitucionalizados y exigibles por ley, teniendo como base los siguientes fundamentos:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la igualdad entre mujeres y hombres en su dignidad, como punto de partida irrenunciable en la construcción del nuevo ordenamiento jurídico al servicio de los pueblos para satisfacer las necesidades de las personas.

2. Un Estado federal donde partiendo de la igualdad de derechos y deberes, con solidaridad y cohesión social, respete el derecho a decidir para los pueblos que así lo quieran ejercer.

3. Un Estado laico en sus instituciones y en la sociedad que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia de todos los individuos y la separación entre iglesias y Estado, con una educación que sea pública, laica, universal, gratuita y de calidad, y una cultura al servicio de la inteligencia, la igualdad y la libertad.

4. Una Democracia radical y participativa donde la ciudadanía disponga de cauces para su efectiva participación en lo público, con respeto a su voluntad a través de un sistema electoral justo y otros instrumentos de intervención y control ciudadano. Esta democracia es incompatible con una monarquía donde el Jefe del Estado es hereditario.

5. Un Estado solidario y por la paz, con una reforma fiscal que establezca la aportación a lo común según las capacidades de cada cual, que permita la distribución social de la riqueza para cubrir las necesidades básicas de lo público y de las capas sociales más necesitadas. Una política exterior basada en la paz y la legalidad internacional para la resolución de conflictos y la cooperación entre los pueblos.

6. Una Economía al servicio de las personas, el interés general y la defensa del medio ambiente, con servicios públicosde salud, educación, servicios sociales, pensiones..., que tiene que estar excluidos de su privatización como garantía de satisfacer derechos para todas las personas con una equitativa distribución social. Establecer una banca pública, acometer la reforma agraria, con acceso a medios de comunicación, etc. El derecho a la vivienda y a un trabajo de calidad, con protección contra el desempleo o una renta básica, permitiendo disfrutar de condiciones para una vida digna.

7. LaÉtica y la Racionalidad como criterio de funcionamiento y administración; eficacia, transparencia y sobriedad en lo público; estableciendo un código ético de comportamiento del Cargo Público basado en la honestidad. Contra el consumismo desaforado y con erradicación total y penada de todo tipo de corrupción como lacra inasumible en el modelo de sociedad que defendemos.

Los Cargos Públicos que suscribimos esta Declaración manifestamos nuestra firme intención de impulsar un PROCESO CONSTITUYENTE REPUBLICANO para la construcción de esta propuesta que está abierta sobre estos y otros elementos a la participación de todas y todos para llenarla de contenido, promoverla y defenderla.

La sociedad española ya lo hizo una vez cuando en 1931 la bandera tricolor inundó las calles de pueblos y ciudades abriendo la puerta al cambio político y social, y a la esperanza. Ahora hay que abrirla de nuevo, afirmando con rotundidad que NO RENUNCIAMOS A NUESTRO FUTURO, a un futuro de libertad, igualdad y solidaridad, de más justicia y más democracia, como será el que consigamos con nuestro compromiso por la REPÚBLICA que propugnamos.

Junta Estatal Republicana (JER)

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