Denuncian la intentona golpista del '23F' ante la Fiscalía General del Estado

Como continuación a mi escrito del pasado 20 de enero en el que le denunciaba (como investigador e historiador militar y porque es mi obligación como ciudadano en un Estado democrático y de derecho) un presunto delito de asesinato o fratricidio premeditado cometido por el ex monarca español Juan Carlos de Borbón en la persona de su hermano, el infante D. Alfonso de Borbón, y que ha día de hoy, un mes después de cursado, no ha obtenido ninguna respuesta ni siquiera un simple acuse de recibo (¿acaso los recortes del señor Rajoy han dejado a la sacrosanta Institución que usted preside sin herramientas tan elementales como una Secretaría y un modesto Registro de entradas y salidas o es que estamos ante el clásico “silencio administrativo?), me permito enviarle una nueva denuncia relativa al citado Juan Carlos de Borbón (el currículo presuntamente delictivo de este señor es apabullante y esa Fiscalía tendrá a su debido tiempo exhaustiva constancia de todo lo que contiene en sus apretadas líneas) para que, a los mismos fines que la anterior, se investigue judicialmente su presunta máxima responsabilidad en la planificación, organización y ejecución del rocambolesco episodio histórico que tuvo lugar en este país el veintitrés de febrero de 1981, denominado coloquialmente “intentona involucionista del 23-F” y que dentro de pocos días cumplirá 34 años. 

Pues si me lo permite, señora fiscal general, paso a explicitarle someramente los pormenores y fundamentos de esta nueva y grave denuncia de golpismo contra la legalidad y las instituciones del Estado español llevado a cabo, presuntamente, por el entonces rey de España, Juan Carlos I, en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 y que, aparte de su gravedad intrínseca y su ilegalidad manifiesta, estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra civil en este país:

En el año 1983, dada mi condición de historiador militar, mis antiguos destinos en puestos de responsabilidad de la cúpula militar y mi negativa a dar por buenas las resoluciones de un juicio militar (el de Campamento) llevado a cabo sin las debidas garantías jurídicas e inmerso desde el principio en continuas irregularidades procesales... decidí emprender una exhaustiva investigación en todos los campos (castrense, político, periodístico...) relacionados con la atípica intentona militar llevada a cabo en España en la fecha antes indicada. Para poder llegar al fondo de unas responsabilidades que evidentemente no terminaban (y de eso éramos conscientes amplios sectores militares, políticos y sociales) con las de los generales monárquicos Armada y Milans y, mucho menos, con las de toda la serie de personajes de segundo y tercer nivel que pagaron con amplias condenas la mera obediencia a órdenes que provenían, según numerosos indicios, de lo más alto de la jerarquía del Estado.

A lo largo de todos estos años he investigado ese oscuro intento involucionista; he estudiado a fondo todas las circunstancias políticas y militares que incidieron directa o indirectamente en él; he analizado durante miles de horas los más pequeños detalles relacionados con su planificación, preparación, coordinación y ejecución; he reflexionado largo y tendido sobre las conclusiones a las que me llevaban mis investigaciones; he entrevistado a altas autoridades militares que intervinieron en la famosa asonada; he preguntado en los más cerrados ambientes del estamento castrense; he publicado cuatro libros (“La transición vigilada” 1993, “23-F, el golpe que nunca existió” 2001, “Juan Carlos I, el último Borbón” 2008 y “La Conspiración de mayo” 2009) que no han sido rebatidos por nadie ni en una sola de sus líneas, todo lo contrario, recientemente han sido ratificados por diversos organismos y personalidades españolas y extranjeras (papeles secretos del embajador alemán en Madrid en 1981, Lothar Lahn, desclasificados en 2012, Memorias inéditas del secretario general de la Casa Real, General Sabino Fernández Campo…); he hecho en suma todo lo humanamente posible para llegar hasta lo más recóndito de una de las cuestiones más vidriosas de la reciente historia de España...

Ahora, a pocos días de cumplirse el 34 aniversario de aquél bochornoso espectáculo político-militar, creo que ha llegado la hora de que el pueblo español, a través de esa Fiscalía General y tras la oportuna investigación judicial por el órgano al que corresponda, tenga puntual conocimiento de los abundantes indicios racionales que apuntan a que la máxima responsabilidad de los sucesos que se desarrollaron en Madrid, Valencia y otras ciudades españolas a partir de las 16,20 horas del día 23 de febrero de 1981 debe recaer en el entonces rey Juan Carlos I, que conoció con anterioridad los planes de los generales monárquicos Armada y Milans (colaboradores, amigos y confidentes suyos) y autorizó a ambos a planificar, coordinar y, en definitiva, a poner en ejecución los mismos en aras de neutralizar un golpe militar duro o “a la turca” que en aquellos preocupantes momentos se estaba fraguando en los ambientes más radicales del franquismo castrense.

En consecuencia, con la autoridad moral que me da el haberme dedicado en cuerpo y alma, y durante tanto tiempo, a esclarecer uno de los más tenebrosos episodios de la democracia española así como al estudio y planificación de la defensa de este país, me permito ahora, con los conocimientos y la perspectiva que me da el largo tiempo transcurrido, dirigirme a la Institución que usted representa (lo he hecho ya en el pasado a las Cortes Españolas y al Gobierno de la nación pero en una época en la que el presunto golpista era inviolable constitucionalmente), para lanzar una grave acusación de presunción de culpabilidad contra la persona que ha ocupado durante treinta y nueve años la Jefatura del Estado español: Juan Carlos de Borbón. Acusación que estoy dispuesto a substanciar y explicitar de forma pública, después de hacerlo someramente en el presente escrito, ante cualquier instancia judicial, política, social, institucional o mediática que esté dispuesta a conocer y debatir mis conclusiones sobre un hecho, histórico ya, pero de una gravedad extrema y que ha influido de forma decisiva en la vida de todos los españoles.

Todo ello en relación con el supremo derecho que tiene un pueblo desarrollado, soberano y celoso de su independencia y libertad, como sin duda es el español de hoy, de conocer hasta el último detalle las actuaciones de sus servidores públicos (incluido el más alto, el rey), en el marco de un Estado democrático y de derecho en el que la primera magistratura de la nación debe estar, como el resto de los ciudadanos, sometido al imperio de la ley. Para una vez conocidas esas actuaciones, y si hubiere lugar, pedirle las responsabilidades pertinentes (penales, administrativas, históricas...) que siempre, siempre, deben quedar aclaradas ante la opinión pública (sobre todo las históricas, que conforman la esencia misma de la vida de los pueblos) sin importar ni el tiempo transcurrido ni las vicisitudes políticas que hubieran podido incidir en las mismas.

En consecuencia, señora fiscal general, le remito un prolijo Informe (35 folios) de cuya lectura cualquier persona, lego o conocedor del tema, puede extraer toda la verdad sobre como se planificó, preparó, coordinó y, en definitiva, ejecutó aquél presunto golpe de Estado denominado "23-F". Que nunca fue un verdadero golpe militar sino una mal planificada operación político-militar-institucional nacida, como acabo de señalar, en las más altas instancias de la nación. En él se exponen, clara y rotundamente, algunos de los muchos indicios racionales de culpabilidad (dieciséis en concreto) que señalan al ex rey Juan Carlos como presunto responsable último de los hechos, además de enumerar los cargos que contra él pueden desprenderse de mis investigaciones teniendo en cuenta su actuación personal antes, durante y después de la falsa asonada militar y en virtud de los cuales la justicia en cualquier país verdaderamente democrático hace tiempo que habría actuado. España es diferente, desde luego, pues aquí incomprensiblemente la figura del Jefe del Estado es constitucionalmente irresponsable e inviolable siempre ¡ojo! que sus actos, y de esto todo el mundo perece olvidarse, sean refrendados por el Gobierno legítimamente elegido por el pueblo soberano. Y esta norma no fue respetada, como se desprende del Informe anejo, a lo largo de la crisis institucional desatada en España tras la rocambolesca entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados hace ahora treinta y cuatro años.

Del Informe que le acompaño me voy a permitir adelantarle dos pasajes ciertamente importantes que inciden, el primero de ellos (indicio racional noveno del documento) en la absoluta falsedad de que aquél siniestro acontecimiento fuera un “golpe militar a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior Régimen”, como señaló la propaganda oficial y, el segundo, en el ilegal y anómalo proceder (claramente inconstitucional y golpista) del entonces jefe del Estado español, Juan Carlos de Borbón.

Primero

1.- Los golpes militares no se inician jamás a las seis de la tarde

2.- Las fuerzas que intervienen en un golpe militar nunca dan vivas al jefe del Estado contra el que atentan en el curso de su ilegal operativo.

3.- Los carros de combate que utilizan las Unidades rebeldes comprometidas en un golpe militar llevan siempre sus “santabárbaras” a tope de munición y sus tripulaciones armadas hasta los dientes.

4.- El primer objetivo de los rebeldes en un golpe militar es siempre, siempre, el palacio o residencia oficial del jefe del Estado.

5.- Los presuntos golpistas en una acción militar contra el Estado nunca, nunca, dejan al jefe del mismo libre en su palacio y con todas sus comunicaciones con el exterior abiertas para que pueda reaccionar cómodamente contra sus enemigos.

6.- Los dirigentes de un golpe militar no suelen ser tan estúpidos como para llamar por teléfono a la suprema autoridad de la nación, contra la que están actuando, para tratar de explicarle sus movimientos futuros y, menos todavía, para obedecer sin rechistar sus órdenes.

7.- Los primeros movimientos de blindados en un golpe militar se dan siempre en la capital de la nación y no en la de una provincia periférica situada a más de trescientos kilómetros de distancia.

8.- Los carros de combate rebeldes nunca, nunca, salvo que el “general” Gila ordene lo contrario, respetan los semáforos y las reglas de circulación, todo lo contrario, intentan por todos los medios alcanzar cuanto antes sus objetivos (palacio real o presidencial, palacio de Justicia, centrales telefónicas, emisoras de radio y televisión, Banco Central… etc, etc) importándoles un comino los accidentes o bajas entre la población civil.

9.- Es absolutamente improbable que en un golpe militar el líder de los golpistas lleve en el bolsillo de su uniforme una lista de su futuro Gobierno (para hacerla pública si triunfa la asonada) formado curiosamente no por militares o civiles golpistas de su entorno sino por políticos pertenecientes a partidos del propio sistema contra el que están actuando.

Todo lo anterior es de sentido común y exactamente lo contrario a lo ocurrido aquí, en nuestro archifamoso 23-F. O sea que de golpe militar tradicional, nada de nada, señora fiscal general. Con toda evidencia, fue otra cosa: Una maniobra político-institucional-borbónica alentada desde el propio palacio de La Zarzuela y planificada y organizada por los generales monárquicos Armada y Milans del Bosch para salvar la corona de su señor amenazada por los generales franquistas más radicales. Como se demuestra hasta la saciedad en el trabajo histórico del investigador militar que suscribe publicado en el año 2009 con el título “La Conspiración de mayo”.

Segundo

Del pormenorizado estudio de los hechos relacionados en el Informe que se acompaña así como de los abundantes indicios racionales de responsabilidad expuestos y analizados en el mismo se desprende que don Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en las siguientes responsabilidades:

1ª.- Autorizar la puesta en marcha de una compleja operación político-militar inconstitucional y, por supuesto, ilegal, para cambiar el Gobierno de la nación al margen del deseo de los ciudadanos expresados en la urnas y que básicamente consistía en crear una situación de emergencia nacional ficticia (o por lo menos factible de ser controlada en cualquier momento) a cargo de un pequeño círculo de militares cortesanos para, una vez desatada ésta y creado un peligrosísimo vacío de poder, neutralizarla mediante la instauración en España de un Gobierno de concentración o unidad nacional presidido por un militar de prestigio (el general Armada) que pudiera abordar de inmediato el "golpe de timón" político hacia posturas más radicales y autoritarias como insistentemente demandaba el ala más derechista del franquismo castrense. Y desmontando así el golpe involucionista (duro o a la turca) que contra la corona preparaban los generales con más poder dentro de ese núcleo duro franquista.

2ª.- Una vez desencadenado el atrabiliario "golpe", alarmado ante la incalificable actuación del teniente coronel Tejero en el asalto al Congreso de los diputados y aconsejado por sus fieles edecanes palaciegos en el sentido de que no podía asumir unos acontecimientos que podían dañar seriamente a la Institución monárquica, abandonó a su suerte a los dos generales monárquicos que lo habían planificado, renegando de ellos y de sus intenciones "involucionistas" para inmediatamente tratar de neutralizar la peligrosa situación creada despreciando la autoridad del Gobierno interino de subsecretarios y secretarios de Estado que él mismo había aceptado, tomando decisiones políticas sin refrendo alguno de ese Ejecutivo provisional (y, por ende, sin ningún valor legal), arrogándose poderes que no le correspondían constitucionalmente (actuando de facto como un dictador) y "negociando" directamente con los capitanes generales franquistas la sumisión a su persona y a la Institución que ella representaba mediante promesas de actuación política futura a cargo del Gobierno de la nación.

3ª.- Dentro de esas decisiones políticas y tomas de postura personales sin refrendo alguno del Gobierno interino destacan las órdenes y conversaciones directas con el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, obviando una y otra vez la autoridad de los responsables interinos del ministerio de Defensa, en orden a que retirara sus tanques y el bando por el que asumía todos los poderes en su Región Militar; así como la orden a la JUJEM, también directa y sin consultarla siquiera con el Ejecutivo provisional, para que controlara toda la estructura operativa de las Fuerzas Armadas a través de la cadena de mando y le informaran a él directamente de la más mínima novedad.

También ordenó, en una actuación que pone de relieve la autoridad que ejercía sobre los presuntos golpistas (que iban dando vivas a su persona y a España), a la Unidad militar que ocupaba las instalaciones de TVE en Prado del Rey (un escuadrón de Caballería del Regimiento Villaviciosa 14) el envió de dos equipos técnicos para grabar un mensaje al pueblo español, que salió al aire a las 01,13 del día 24 de febrero. Sin embargo, no impartió orden alguna ni ejerció personalmente ninguna presión sobre el teniente coronel Tejero para que retirara sus hombres del Congreso y pusiera fin al secuestro del Gobierno legítimo de la nación. Lo que hubiera podido solucionar la gravisíma crisis que asolaba al país en cuestión de minutos puesto que una de las primeras manifestaciones que hizo el citado jefe de la Guardia Civil, después de ocupar la sede de la soberanía nacional, fue que el "sólo obedecería al rey y al general Milans". 

En definitiva, y respetando la presunción de inocencia que le corresponde al jefe del Estado como a cualquier otro ciudadano español, si el rey Juan Carlos, como parece desprenderse de los numerosos indicios racionales apuntados, conspiró con los militares de su entorno más íntimo para cambiar el Gobierno legítimo de la nación y salvar así su corona y hasta su propia vida, podría haber cometido un grave delito contra la seguridad del Estado además de incumplir el precepto de "desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades Autónomas" que la Carta Magna española (artículo 61.1) prevé debe prestar el rey ante las Cortes Generales en el momento de su proclamación.

Después de todo lo expuesto, señora fiscal general, espero que obre en consecuencia. Se lo exigen su cargo y las responsabilidades que éste lleva anejas. El historiador que redacta el presente escrito ha cumplido con su obligación. Espero que usted cumpla con la suya. Y si no está dispuesta a hacerlo, vista la “celeridad” o el presumible silencio administrativo con el que ha respondido a mi anterior denuncia, me permito aconsejarle que se vaya, que dimita, cuanto antes mejor, aunque se enfade su amo y señor, el presidente Rajoy, que la puso digitalmente en ese alto puesto. Total, para lo que ha hecho usted en el escaso tiempo que lleva en él y los apenas diez meses que le quedan en el mismo…

Reciba un cordial saludo

Alcalá de Henares 19 de febrero de 2015

Fdo: Amadeo Martínez Inglés

Fuente: www.unidadcivicaporlarepublica.es