Coincidiendo con el 142 aniversario de la 1ª Republica, Eduardo Ranz, abogado especializado en Derechos Humanos va a presentar este miércoles una denuncia contra 38 alcaldes de toda España por un presunto delito de desobediencia por mantener los símbolos franquistas en sus ciudades a pesar de la ley de la Memoria Histórica.
La denuncia se ha presentado en Madrid contra la alcaldesa Ana Botella y de forma simultánea en los registros de los juzgados de otros 37 municipios españoles, entre los que se encuentran Huelva, Zaragoza, Melilla, Córdoba y Salamanca.
En la denuncia, el abogado exige la retirada de los símbolos y la parafernalia franquista, incluyendo las calles con nombres de la dictadura, que prohíbe la Ley de la Memoria Histórica.
Durante la presentación de una de ellas en Madrid, el letrado Eduardo Ranz ha afirmado que los regidores denunciados deben “respetar y respaldar” a la víctimas de la dictadura y ha agregado que con la retirada de estos símbolos busca “que las víctimas dejen de sentirse humilladas al pasear por las ciudades”.
La iniciativa se apoya además en la petición expresa a los ayuntamientos para que “adopten de forma inmediata las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
El abogado pondrá también los hechos en conocimiento de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien trasladará que las embajadas de Bolivia, Panamá y el Consulado de Marruecos exhiben este tipo de símbolos.
Acusa a los regidores de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
De forma subsidiaria, el abogado cree que los hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público del 634 del Código Penal, que contempla una pena de multa de diez a sesenta días.
Vulnera la Ley de Memoria Histórica
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria Histórica, se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y regula en su artículo 15.1, respecto de los símbolos y monumentos públicos, que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.
Madrid, 150
En Madrid existen más de 150 calles, plazas, pasajes y monumentos dedicados a figuras destacadas del franquismo, entre ellas destacando en la entrada a Madrid desde la carretera de la Coruña, el Arco de la Victoria, a pocos metros de la residencia de los presidentes del Gobierno de España, La Moncloa.
Son muchos los generales franquistas, como los golpistas Juan Yagüe o José Enrique Varela, los que tienen una calle en las inmediaciones del Paseo de la Castellana. Sólo hay que subir un poco, hasta Concha Espina, para descubrir que en Madrid existe una plaza llamada Plaza del Arriba España. Cinco falangistas definidos por las asociaciones como “de primera línea”, los hermanos García Noblejas, tienen una calle que parte por la mitad el barrio de San Blas. La calle del Príncipe de Vergara ya no está dedicada entera al general Emilio Mola, otro general golpista. Pero su memoria perdura en un pasaje, que cruza con Príncipe de Vergara y que lleva su nombre.
Javier Alvarez
Fuente: www.cadenaser.com