Hace unos días Mariano Rajoy, presidente del gobierno y Pedro Sánchez representante del principal partido de la oposición, en solitario, en contra del resto de partidos y grupos representantes en las Cortes, han firmado un pacto antiterrorismo, que lleva implícito la pena de cadena perpetua revisable, vulnerando el espíritu humanista de la legislación penal española y del espíritu de la Constitución.
Vengo diciendo desde hace un tiempo, que con el gobierno del Partido Popular, no se puede firmar pacto alguno, ni llegar a acuerdos sobre nada, ni mostrarles la mano tendida, que pueda legitimar su política antisocial, regresiva, corrupta y represiva, más propio de un Estado totalitario que de un Estado social y democrático de Derecho. Lo que me temía se ha producido. El PSOE, alegando su «lealtad y responsabilidad institucional» y su exagerado «sentido de Estado», ha llegado a un acuerdo que viene a dar fortaleza al gobierno y debilitarse a sí mismo, todo gratuito y a su costa. Ha supuesto una inmolación difícil de entender. El despropósito se mantiene, cuando anuncian la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, «al día siguiente de su publicación en el BOE», en contra de la prisión permanente revisable, que se incluye en la reforma del Código Penal. O sea: apruebo con mi firma el pacto, pero recurro lo firmado porque no estoy de acuerdo. Las manos de Felipe González, Zapatero y Rubalcaba y sus consejos, han tenido demasiado peso y se lo han llevado al huerto.El portavoz socialista en el Congreso, ha insistido en que «no hay ninguna otra posibilidad de pacto con el PP» en otras materias, porque sus «diferencias son absolutas». Está por verse. Los partidos dice «tienen que estar a la altura del gobierno cuando están en la oposición». Si no le hubiera visto y oído por televisión haciendo estas declaraciones, hubiera pensado que son tergiversaciones. El PSOE no tenía que haber firmado el llamado «Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo». Las libertades se defienden, con más libertad y participación democrática, no limitando la palabra ni restringiendo los derechos.
La unidad de los partidos frente al terrorismo es una tradición histórica. Pero son otros tiempos. En los últimos diez años, el terrorismo ha pasado de ser un problema para el 42,1% de la gente, a tan solo preocupar al 1,1%, según el último Barómetro del CIS. Este ha sido el cuarto pacto en democracia en la lucha contra el terrorismo. El primero fue en Madrid (1987), el de Ajuria Enea (1988) y el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo (2000). El de ahora, supuestamente, es contra el terrorismo yihadista. A quienes se inmolan, defendiendo su sinrazón, por ideas religiosas o políticas, poco o nada les importa la dureza de las penas o la misma muerte. Mejor sería eliminar la venta de armas y perseguir decididamente su tráfico en el ámbito internacional, denunciando a los países y empresas que lo facilitan, incluida la España con Morenés.
El pacto ha sido rechazado unánimemente por los demás grupos de la oposición. La Izquierda Plural considera que la propuesta ha sido «precocinada» desde el principio sin contar con nadie. Según Joan Coscubiela, no apoyarán «ningún pacto que suponga la limitación de las libertades cívicas y que conlleva directa o indirectamente la prisión permanente revisable». Rosa Díez, acusa a PP y PSOE de «oscurantismo bipartidista» y de «consumar el chanchullo que intentaron desde el primer momento». Los nacionalistas vascos no se han sumado al acuerdo, por considerar incoherente, que Rajoy les pida apoyo, cuando sigue en silencio sobre el final de ETA, además de no estar de acuerdo con la cadena perpetua, al igual que ERC. No ha habido consenso social ni político y se ha hecho a espaldas de la sociedad.
Yo me he sumado al comunicado emitido por la recién creada plataforma Somos Izquierda, que rechaza el pacto antiterrorista PP-PSOE, por entender que, en ese difícil equilibrio entre seguridad y libertad —seguridad defendida por la derecha y la libertad por la izquierda—, no se entiende que el PSOE asuma principios contrarios a su «ideología», cercenando la libertad de los ciudadanos en pro de una supuesta seguridad. Fernández Díaz, custodiado por el ministro de justicia Catalá, se pregunta: «¿es necesario que se produzca un atentado para que haya unidad?» y matiza sin vergüenza democrática: «Habría sido difícil acordar con siete u ocho. Pero no es sólo de una cuestión ideológica. La prisión permanente revisable, que incluye la reforma del Código Penal, además de ser inconstitucional, es innecesaria e ineficaz y es rechazada por una inmensa mayoría de jueces, fiscales y expertos en derecho penal.
Amnistía Internacional (AI) ha alertado sobre la definición del delito de terrorismo, por su vaguedad e imprecisión, al poderse ver limitados derechos como la libertad de expresión e información. AI tiene «serías dudas de que se respete el principio de legalidad. También les preocupa «que pueda conducir a sancionar la protesta, tanto en la calle como en Internet, o conductas que no tienen naturaleza terrorista». Esta amplitud en la definición de terrorismo «podría llevar a la arbitrariedad». Desde su experiencia «las definiciones vagas y amplias de terrorismo podrían ser instrumentalizadas por los Estados para reprimir actos pacíficos o limitar derechos humanos». Organismos internacionales, han pedido a España una reforma que «defina de manera más precisa los delitos para alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos». Más claro no se puede decir, España roza la línea de lo arbitrario, ilegítimo e ilegal.
El acuerdo PP-PSOE, recuerdan desde Somos Izquierda, se asemeja a The US Patriot Act, ley aprobada por abrumadora mayoría por la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es una ley de guerra, que no respeta los derechos humanos y por la que cualquier sospechoso de terrorismo puede ser encarcelado. Amplió el control del Estado en la lucha contra el terrorismo, mejorando la capacidad y coordinación de las distintas agencias de seguridad, dotándolas de mayores poderes contra estos delitos. Se tipificaron nuevos delitos y se endurecieron las penas. Ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, porque restringe libertades y garantías constitucionales.
La propia definición del término terrorismo no cuenta con un consenso internacional. Terrorismo es todo aquello que a un estado le pueda estorbar, dicen desde Somos de Izquierda; como la actuación de los «piquetes» en las huelgas, que el Código Penal de Rajoy mantiene como delito. El pacto antiterrorista es «caldo de cultivo para todo tipo de purgas políticas». Aún sin pacto, es conocido el caso de los llamados «terroristas anarquistas» detenidos en Barcelona. «Golpe al terrorismo anarquista en Barcelona y Madrid», titulaban en diversos medios cuando se produjo en diciembre pasado.
Lo más grave del Acuerdo, es que «vulnera el espíritu humanista de la legislación penal, cuyo máximo objetivo es la reinserción», como dicta la Constitución». Pero ya conocemos cual es el trato que se le da. Se reforma cuando es por el interés de la economía de los mercados y la política de austeridad de la Unión Europea. Además no se cumple cuando se trata de derechos. El artículo 35.1 dice «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». En relación con el derecho a la vivienda, el artículo 47 establece que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Con el pacto se subvierte el principio de reeducación y de reinserción social, que recoge el artículo 25.2.
La prisión permanente revisable es inhumana, inútil y populista. Lo explica bien José Antonio Pareja: «no es más que una tapadera que esconde toda una serie de nuevas leyes con las que los dos partidos, pretenden luchar no contra unos hipotéticos terroristas, sino contra lo que en realidad más les preocupa: la movilización de los ciudadanos que están hasta el gorro de sus tropelías». Para José Antonio Martín Pallón, Rajoy ha traído de nuevo la España que «clama por la venganza retrocediendo a los tiempos en los que la cadena perpetua se materializaba en los eslabones y grilletes que unían los cuerpos de los condenados». Al grito de «Vivan las caenas» el gobierno y los «socialistas», dicen haberse situado en la vanguardia de la lucha contra el yihadismo. Ellos sabrán por qué lo dicen, pero lo que es creérselo, ni ellos mismos se lo creen.
Todo parece que el interés real del acuerdo, tiene relación directa con las elecciones que se van a celebrar este año y con la «traición» en materia de política antiterrorista, que según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el gobierno ha cometido. Porque no es por la preocupación que la ciudadanía tiene por el terrorismo. El Barómetro del CIS de enero, precisa que la preocupación por el terrorismo representa el 1,1%. La mayor preocupación ciudadana es el paro (un 79,4%) y sobre esto no hace nada; ni pacto ni acuerdo, lo que es una vergüenza más de la #marcaEspaña. El terror de hoy día no se llama ETA ni yihadismo, sino paro.
Somos Izquierda plantea soluciones que van a la raíz del problema y no recortan las libertades de la ciudadanía. Es necesario que haya una auténtica voluntad política para controlar la producción y el tráfico de armas. Aunque sea «más fácil imponer medidas que criminalizan a todas las personas». No parece que controlar éste mercado esté dentro de la agenda antiterrorista. La economía es la culpable. La lucha contra el tráfico de armas debe ser la primera y principal medida en el ámbito internacional.
No defiendo el terrorismo y soy contrario a todo tipo de violencia. Estoy contra el terrorismo machista, que este año ya ha asesinado a cinco mujeres indefensas. No defiendo la violencia ni las actuaciones judiciales ni policiales en los desahucios, que producen sufrimiento a quienes echan de sus casas. No defiendo la violencia de los despidos laborales, ni la que se produce a las personas dependientes que no reciben la atención debida. No defiendo la violencia contra los enfermos crónicos ni los que padecen hepatitis C, que mueren a docenas diariamente.
No defiendo el terrorismo internacional ni la violencia de Estado. Defiendo la dignidad del ser humano, sus derechos fundamentales y las libertades públicas que van implícitas. Estoy contra el terrorismo, el tráfico de armas y a favor de los derechos y las libertades, que el gobierno pretende eliminar.
Víctor Arrogante
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