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Perplejos, los argentinos escuchamos hace tiempo las palabras de un periodista: “Me tienen harto con la Dictadura. Estan hablando de cosas que pasaron hace más de 30 años”. Aquella confesión no hubiese sido tan dolorosa si no fuese porque lo dijo un periodista que en 1987 fundó el diario Página/12, símbolo de la resistencia, la denuncia y sosten de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Lo cierto es que ya estamos acostumbrados a sugerencias de políticos de centro derecha como “Basta de revanchismo”, “hay que mirar al futuro y dejar el pasado”, “siempre con esas ganas de revanchas”, “fue una guerra” y otros dislates semejantes. En los últimos días, un precandidato presidencial habló de “negocios con los Derechos Humanos” y otro pidió “cerrar la etapa de los derechos humanos”
Actualmente en la Argentina hay más de 400 represores presos, en cárcel común y con sentencia firme. Pese a que hay un sector no menor de la sociedad que considera innecesario los juicios por la Memoria, Verdad y Justicia, desde hace años ha crecido la conciencia de que sin esa reparación no hay posibilidad de crecer como Nación.
Pero alguien rompió el pacto de silencio. El represor Ernesto Barreiro, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Perla, reveló algunos lugares donde se habrían realizado enterramientos de víctimas del terrorismo de Estado. Barreiro señaló la zona de los hornos de La Ochoa, donde ya se hallaron restos de personas, en cercanías de La Perla y en la localidad de Villa Ciudad de América, distante unos 68 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tras las indicaciones del represor, la justicia ordenó trabajos oculares y de búsqueda, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que aún no han arrojado resultados.
El presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, aseguró que “la actitud es absolutamente novedosa. Creo que es la primera vez que se pone de manifiesto en uno de estos juicios por delitos de lesa humanidad que un imputado dé datos concretos, que aún hay que verificar, de dónde existirían restos de personas desaparecidas”. El juez recordó que, si bien para este tipo de delitos el Código Penal prevé una sola pena, que es la perpetua, existen disposiciones de la ley penal que permiten la atenuación de esa pena, a criterio de los jueces, cuando el imputado ha contribuido al esclarecimiento del hecho. En este marco, afirmó que la posibilidad de conocer el destino de los desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, “es el reclamo más sentido de los familiares y un reclamo generalizado social porque es una forma de cerrar este círculo terrible”. Tras la declaración del genocida, el Equipo Argentino de Antropología Forense inició en el lugar rastrillajes que aún no obtuvieron resultados positivos, pero la búsqueda continuará con los medios tecnológicos adecuados.
El represor y ex mayor del Ejército, Ernesto Barreiro, reafirmó en las últimas horas que posee información sobre el accionar de las fuerzas armadas durante la última dictadura cívico militar, y destacó que por ahora solo habló de hechos ocurridos antes del golpe, pero aseguró que en en 2015 hablará más. “No terminé de declarar – agregó el genocida-. No puedo dar nombres con una certeza del 100 por ciento y se que no puedo pedir nada a cambio de la información que estoy brindando a la Justicia”.
La Argentina busca, sigue buscando. Como dice Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, “nos aseguramos que nuestros hijos y nietos sigan con la tarea, cuando ninguna de nosotras esté con vida”. Así será.
Aquí, un relevamiento de los juicios a represores y genocidas.
http://www.mpf.gob.ar/lesa/recurso/
Roberto Giovagnoli
Periodista Radio Nacional, la Radio Publica Argentina
Twitter: @RobertoGiovag