Son innumerable los casos en los que las empresas eléctricas, con la necesaria complicidad de los gobiernos de turno, PSOE y PP, han estado defraudando de distintas maneras a los ciudadanos. Comentaremos solo alguno de ellos:
PRIVATIZACIONES:
La mayor parte de las compañías eléctricas eran propiedad del Estado y funcionaban sin ningún problema con un coste de la electricidad perfectamente asumible por los consumidores; pero, con el pretexto de estimular la competencia y abaratar los precios de la energía, los sucesivos gobiernos las fueron privatizando, con el falaz argumento de que siempre funcionara mejor una empresa privada que una publica, dogma “indiscutible” de la ideología del neoliberalismo económico, que en absoluto se ha podido demostrar. Como por desgracia hemos comprobado los consumidores, las compañías se han constituido en oligopolio, se han adueñado del mercado y han pactado los precios, siempre, claro, a su exclusiva conveniencia, garantizándose así enormes beneficios a costa del consumidor y como se trata de un importante sector estratégico clave para la economía del país, las eléctricas se han constituido en un grupo oligopolistico con enorme poder en manos privadas. En definitiva, el resultado de las privatizaciones es que los consumidores pagamos la energía mas cara que nunca.
DEFICIT DE TARIFA:
Por este sistema las eléctricas incrementan el precio del recibo que pagamos los consumidores. Consiste en que, el gobierno, reconoce a las compañías un coste de producción de la electricidad, fijado unilateralmente por ellas, muy superior, según dicen, al que están cobrando en el recibo, que es un coste “político”, con lo que se produce un déficit, según ellos, que van cargando en los recibos mes tras mes; incremento que durara muchos años y que se lo dejaremos en herencia a nuestros nietos, incluso a los nietos de nuestros nietos, ya que ese “déficit” crece, con el paso del tiempo, en lugar de bajar. El coste del Déficit de Tarifa asciende, en la actualidad, a unos 30.000 millones de euros. Lo curioso es que no se trata en absoluto de un coste real, si no de un coste solo “reconocido” por el gobierno, sin que las compañías tengan que aportar datos reales para justificarlo ni, desde luego, ninguna auditoria independiente que lo demuestre; simplemente se trata de que el gobierno se fía, por las buenas, de la palabra de las compañías de que el coste de producción es el que ellas dicen, ¿no parece muy serio, verdad?, pues así es.
COSTE DE TRANSICION A LA COMPETENCIA (CTC):
Para ayudar a las compañías eléctricas a sufragar los costes de las inversiones necesarias para la producción de la energía el Estado les garantiza, a través de los CTC, una compensación económica pagándoles, durante 10 años, la diferencia hasta los 36 euros por megawatio/hora siempre que el mercado marcase un precio inferior a esa cifra y con un tope de 8.600 millones de euros. En 2005 el mercado supero ese precio, pero las eléctricas siguieron cobrando los CTC, por lo que estas compañías fueron acumulado a su favor una cantidad estimada en 3.400 millones de euros que, logicamente, al haberlos cobrado de mas, tenian que devolverlo a las arcas del Estado. En 2006 el gobierno de Zapatero derogo los CTC, pero se le “olvidó” reclamarle a las compañías eléctricas los 3.400 millones que habían cobrado de mas. Como un olvido no parece nada probable lo mas lógico es que se tratara de una decisión política.
El Abogado Generan del Estado, que curiosamente es la sobrina del Tesorero del PP Alvaro Lapuerta, elaboró un informe en el que se indicaba que se les tenia que pedir a las eléctricas la devolución de ese dinero y que el plazo, para reclamar dicha cantidad, terminaba en Junio del 2010.
Aunque, generalmente, los informes de la Abogacía del Estado siempre se hacen públicos, en este caso el informe se metió en un cajón y no se hizo publico y ademas la Abogada del Estado asesoro a las empresas sobre la presunta prescripción de la posibilidad de reclamación, por parte del Gobierno,de esas cantidades cobradas indebidamente. Sin embargo, la UE, consideró estas ayudas, pagadas de mas, como “ayudas ilegales del Estado a las compañías eléctricas” y precisamente, este tipo de ayudas ilegales del Estado a las empresas no tienen plazo de prescripción.
Los expertos estiman que, de haberse hecho esa liquidación correctamente los consumidores se podían haber ahorrado cerca de 30.000 millones de euros, cantidad equivalente a la totalidad del Déficit de Tarifa y añaden que el importe a recuperar “seria suficiente para sufragar los gastos de electricidad de la totalidad de familias afectadas por la pobreza energética durante un plazo de mas de cuatro años.”
PUERTA GIRATORIA:
La llamada puerta giratoria es la guinda de este cumulo de despropósitos. Decenas de los que, en su día, fueron altos cargos de la administración, politícos de ambos partidos que han venido beneficiando a las empresas a costa de los consumidores, entre los que hay expresidentes del gobierno y exministros, son colocados en importantes puestos de las empresas eléctricas con sueldos millonarios, como asesores o consejeros de los consejos de administración. Dado que ninguno de ellos es experto en asuntos energéticos, salta a la vista que la intención de las empresas energéticas, al darles estos puestos tan cotizados, no puede ser otra que presuntamente pagarles a los políticos los grandes favores recibidos.
Con todo este trato de favor, la realidad es que, los españoles, pagamos la energía mas cara de toda la UE con el consiguiente grave perjuicio para nuestra economía ya que, no solo perjudica a los consumidores particulares, si no que las empresas, para ser competitivas con las de otros países que pagan la energía mas barata, con el fin de reducir sus costes terminan reduciendo los salarios de los trabajadores que se ven perjudicados doblemente: pagan mas en el recibo de la luz y reciben menos por su trabajo y todo eso solo para que una pequeña cantidad de personas, empresarios y políticos, se vean injustamente beneficiados.
Realmente se trata de una situación esperpentica mas propia de regímenes autoritarios, tan criticados últimamente por nuestros políticos, que de sistemas democráticos consolidados.
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