Este año han sido asesinadas 50 mujeres, víctimas del #terrorismoMachista. Según la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, desde 1999, han muerto 1.151 por la misma causa. Datos que estremecen, por la sangre vertida y por el sufrimiento que ha originado hasta la muerte misma. Treinta y dos menores huérfanos y seis asesinados por manos de su padre o de la pareja de su madre.
Si por cualquier otra causa —accidente o catástrofe—, hubiera ocasionado este número tan elevado de víctimas mortales, en el mismo tiempo —y no digo nada si hubiera sido por actos terroristas—, la situación político-social sería insostenible y las bases del Estado temblarían. Pero todo parece que es inevitable y no podemos consentirlo. Ni una mujer muerta más, por mano de un canalla.
La violencia de género o violencia machista, es una manifestación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Así lo ha reconocido el Consejo de Europa y todos los foros internacionales de tutela de los derechos humanos. En el Manifiesto del «Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres», las centrales sindicales CCOO y UGT, denuncian el incremento de los factores de riesgo que favorecen la violencia: ausencia de políticas educativas, incremento de la desprotección social, más desempleo, feminización de la pobreza y la insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia.
Según Amnistía Internacional (AI), desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 hasta 2013, el número de casos archivados por no quedar acreditados los hechos, se ha incrementado un 158%. El número de denuncias y órdenes de protección han caído año tras año. «El porcentaje de sentencias condenatorias ha descendido hasta situarse en el 50% en el 2012, diez puntos menos que en 2006». En el segundo trimestre de 2014 los jueces acordaron 4.675 órdenes de protección, lo que supone el 55% de las solicitadas, según el Observatorio del CGPJ. También se han reducido las condenas: si en 2006 lo eran el 73,6%, en este primer semestre se ha reducido al 66,2%. La justicia tiene que hacérselo mirar y sacar conclusiones, pues están convirtiendo a las mujeres en víctimas de la justicia.
«La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión», dice el Preámbulo de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de género, de diciembre del 2004. La violencia de género es cosa pública y desde esta perspectiva se tiene que tratar.
La ley contra la Violencia de Género ha cumplido diez años. Nació para proteger a las víctimas de malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social. Pese a que supuso un gran avance, no está dando el resultado que se esperaba. Durante este tiempo, han sido asesinadas 686 mujeres, 57 asesinatos de media anual. Hay que seguir promoviendo medidas de protección a las víctimas y programas de prevención de los actos criminales, dirigidos a las propias mujeres, los menores, al entorno familiar y al conjunto de la sociedad para que tome conciencia de la dramática situación.
Desde 2007 se han interpuesto cerca de un millón de denuncias (987.545), según datos del CGPJ y del Gobierno. Desde 2005 hasta el primer semestre de este mismo año, se han dictado 227.101 órdenes de protección y 264.080 sentencias condenatorias. Pero el gobierno de Rajoy y su ministra Mato, no es que hagan lo necesario, sino que hacen lo contrario de lo que se precisa. Desamparan a las mujeres víctimas de los malos tratos, eliminando o disminuyendo los recursos para la prevención y protección.
Las autoridades se escudan en la falta de denuncias por parte de las mujeres. Pero no es sola esta la causa de la escasa protección. AI considera que «es necesario evaluar e identificar todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia». En estos años, la organización ha denunciado «la persistencia de obstáculos que impiden a las mujeres el acceso a la justicia». Se producen deficiencias en las investigaciones de oficio; se ofrece una escasa e inadecuada protección a las víctimas y siguen apareciendo los «prejuicios discriminatorios» en el sistema de justicia y en la policía.
En estos diez años, no se han conseguido los objetivos inicialmente previstos, por lo que la ley debe mejorarse. Sobre todo en la protección a las víctimas y la prevención. Las asociaciones de víctimas insisten en las «deficiencias» en la protección a las mujeres que denuncian, en la «incorrecta aplicación» de las órdenes de alejamiento, en la falta de medios por parte de las administraciones y en la necesidad de «invertir en prevención» También se quejan de que desde el inicio de la crisis «han mermado los recursos, lo que se traduce en una peor protección y atención global» y una reducción de órdenes de protección. Con todo, los crímenes contra las mujeres siguen produciéndose.
La violencia de género, el maltrato, el terrorismo machista, no solo son aptitudes sociales y culturales aprendidas, son una manifestación más de la delincuencia de las mentes asesinas que matan a los más débiles, y como tales actos han de ser tratados. Un maltratador es un hombre desalmado, que aprovechando las circunstancias de relación y de su propia fuerza, ya sea intelectual o física, utiliza a la mujer, considerándola de su propiedad, la somete, perdiéndole el respeto como ser humano, despreciando y atacando sus más preciados dones: la dignidad y la vida misma.
«El Estado español debe garantizar la implementación efectiva de lo establecido en la Ley Integral y paliar los vacíos legales detectados en materia de justicia y reparación», dice AI, que recomienda: desarrollar procesos de evaluación de las medidas que establece la ley, entre ellas, el funcionamiento de los Juzgados de Violencia; garantizar la especialización del personal judicial que accede a estos juzgados; asegurar que el proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito (LOEVD) aborde de forma adecuada la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y mejore su protección y su reparación; promover mecanismos legales para garantizar el derecho de las víctimas de violencia de género y sus familiares a una reparación justa y adecuada.
Es tendencioso y a veces criminal, alegar que se producen denuncias falsas. El número de condenas por denuncias falsas es insignificante, representando sólo el 0,005% de las presentadas. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en los últimos cinco años, se presentaron 657.084 denuncias, de las que sólo 33 se consideraron falsas. Por su parte AI considera que el artículo 35 del proyecto LOEVD, que contempla la «obligación de reembolso» de cualquier tipo de ayuda recibida, equiparando el sobreseimiento o la sentencia absolutoria a la «denuncia falsa», podría dejar a muchas más mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, no sólo no obtendría justicia, «sino que se verían perseguidas por el Estado para devolver las ayudas recibidas».
El maltrato es un acto de violencia para obligar a la mujer a cumplir con la voluntad del maltratador. Hay que modificar criterios, conceptos y aptitudes, en base a principios, valores y derechos de dignidad, seguridad, igualdad y libertad, lo contrario, supone minimizar la gravedad del problema, que produce víctimas y se cobra vidas. Las asociaciones de mujeres maltratadas consideran que es imprescindible «poner el acento en la educación en valores de igualdad en la infancia y juventud», sobre conductas de riesgo relacionadas con el control, los celos y los estereotipos machistas. El verdadero reto en la lucha contra la violencia machista, es un cambio cultural, que vendrá dado a través de una educación en igualdad, como regla de conducta transversal.
Las muertes son la cara visible de la violencia de género. El 80% no denuncia por miedo, dependencia económica, dependencia emocional o por los hijos; incluso un 40% no se considera maltratada. Cuando un problema se invisibiliza, aumentan los riesgos de que se produzca. El maltrato puede que no deje señales físicas en el cuerpo de la víctima; un tirón de pelo, un brazo roto o una brecha, no necesitan hospitalización. Los protocolos y las estadísticas han de tener en cuenta estos actos.
Los maltratadores y asesinos, difícilmente corrigen sus hábitos por si solos. Hay que seguir insistiendo en los cambios de conductas machistas; en la prevención de actos criminales; y sobre todo proteger a la mujer víctima y al entorno familiar sometido. Sin ánimo de perder el respeto a las víctimas, sino todo lo contrario, mientras se sigan produciendo estos asesinatos machistas, hay que promover una campaña, que diga: «Suicídate antes de matar o maltratar a una mujer», de esta forma, estaríamos hablando de que este año, 50 mujeres estarían en la plenitud de su vida disfrutando.
La violencia es «la expresión más radical del machismo de una sociedad machista». Para Verónica Pérez del PSOE, «la mejor forma de combatir la violencia de género es defendiendo la igualdad». La Asociación de hombres por la igualdad de género AHIGE, es consciente de que «el modelo masculino basado en la superioridad, la represión de las emociones, la imposición de la fuerza, competencia y violencia, deshumaniza y empobrece a los hombres, mientras subordina y discrimina a las mujeres»
La lucha contra la violencia machista, sigue siendo la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, dicen desde IU. La igualdad real se construye a partir de la prevención y la educación. Las políticas y las estrategias para prevenir las agresiones, deben partir de una educación afectivo-sexual a todos los niveles que facilite desarrollar una sexualidad basada en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres. Frente a los recortes en presupuestos y políticas públicas, reforzar recursos económicos y humanos destinados a las políticas de igualdad activas, integrales y participativas.
Es preciso que la ley se someta a una evaluación continua que permita identificar los obstáculos existentes y avanzar en una completa y eficaz aplicación de la misma, a la vez que dar una respuesta integral que erradique la violencia contra las mujeres. Esto implica actuaciones en el ámbito laboral, educativo, institucional e internacional. Observación, evaluación, educación, prevención, protección y castigo; y recursos suficientes para todo. «Tolerancia cero» contra el maltrato, que no se quede en un titular, debe seguir siendo objetivo prioritario del gobierno y de la sociedad.
Víctor Arrogante
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