El lío catalán de Rajoy

En paralelo a esta comparecencia, el Gobierno central presionaba a la Fiscalía General del Estado para que, a su vez, presionara a la de Cataluña, con la intención de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, extensible a algunos otros responsables del Govern. Afortunadamente, la Fiscalía catalana ha frenado las prisas de la Fiscalía General, no dejándose amedrentar, para calificar adecuadamente los supuestos delitos en los que hubiera podido incurrir la Generalitat. Estrepitoso papel el que hizo la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunciando una querella inminente de la Fiscalía, dejando así en muy mal lugar la supuesta autonomía del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía de Cataluña ha percibido claramente que la solución a un problema político no se puede encontrar en la resolución de un conflicto jurídico, para el que habría que crear el caso artificiosamente, es decir, retorciendo el Derecho hasta encontrar aquellas lagunas o interpretaciones que beneficiaran los intereses de parte. No quiero decir que no haya algún delito en la actuación de la Generalitat pero, desde luego, no creo que tantos como los que relataba el borrador de denuncia que manejó inicialmente la Fiscalía General del Estado.

De llevarse a cabo, finalmente, la querella de la Fiscalía contra la Generalitat, nos encontraríamos con la tormenta perfecta para enquistar la desafección de Cataluña hacia España, dando argumentos a los independentistas para, esta vez sí, internacionalizar el conflicto. Lo ha dejado claro Artur Mas con su pregunta: “¿Se imaginan la vuelta al mundo que daría una denuncia de un Gobierno central contra otro autonómico por poner unas urnas para ejercer el principio democrático?”.

¿Qué sentido tienen, pues, estas hipotéticas actuaciones de la Fiscalía con la rueda de prensa de Rajoy? Yo creo que nada es casual y todo tiene relación en la hoja de ruta que se ha trazado el presidente del Gobierno y de la que da cuenta esa comparecencia ante los medios tan incongruente y contradictoria.

Primero, dice Rajoy que el proceso participativo catalán del 9N ha constatado algo que ya se sabía, que hay más catalanistas que independentistas. Si el Gobierno central se hartó de calificar a dicho proceso como un sucedáneo de referéndum sin valor jurídico ni trascendencia alguna, ¿por qué ahora le sirve al Gobierno dicho proceso para constatar una verdad que cree irrefutable? O el proceso valía, aunque fuera para esto, o no valía. Pero el Gobierno dijo que no valía para nada. Primera incongruencia, por tanto.

Derivada de la “constatación” anterior cabe hacerse otra pregunta. Si ahora ya sabemos, según Rajoy, que hay más catalanistas que independentistas, ¿por qué no autoriza el Gobierno central una consulta en Cataluña, tal y como le pide ahora Artur Mas? Nada mejor que estrellar ante la supuesta mayoría de independentistas la “constatada” -por Rajoy- mayoría silenciosa de catalanistas. Segunda incongruencia, falsedad o temor, como queramos llamar a esta conclusión.

Tercera incongruencia. Dice Rajoy que el referéndum legal no puede ser porque él piensa que la independencia es mala para Cataluña y para España. Aquí estamos ante un político mediocre que antepone su opinión personal a la de todo un pueblo que, encuesta tras encuesta, manifiesta mayoritariamente su deseo de expresar su opinión en una urna electoral. Mariano Rajoy no es, evidentemente, un estadista, pues desprecia olímpicamente no solo al pueblo catalán sino a sus representantes en el Parlament, que en mayoría de dos tercios ha declarado institucionalmente, una vez tras otra, la pretensión de consultar a sus ciudadanos sobre el encaje de Cataluña con respecto a España. El Gobierno central se empeña en declarar ilegal una consulta a los catalanes porque la confunde con el referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución, no siendo lo mismo una cosa y otra, porque la consulta no versa solo sobre la independencia (habilita también las opciones autonomista y federalista) y porque, además, el referéndum constitucional versa sobre decisiones políticas de especial trascendencia (la Generalitat no ha tomado ninguna todavía) y en él tendrían que participar, según el Art. 92 CE, “todos los ciudadanos”, es decir, todos los españoles.

Cuarta incongruencia. Dice Rajoy que cree en el diálogo para resolver problemas políticos pero eso diálogo tiene que enmarcarse en los límites que marca la Constitución. ¿Cómo entonces se van a resolver problemas políticos que, llegado el caso, no resuelve la Constitución? Nos falta de nuevo el estadista que comprende que una Constitución está agotada para dar solución a nuevas circunstancias sociales o territoriales y hay que reformarla. La actitud inmovilista de Rajoy nos lleva a concebir la Constitución de 1978 como una losa inamovible, excepto para aquello que los dos grandes partidos quieran mover. Cierto es que nuestra Constitución se adapta a las nuevas situaciones a través de las mutaciones operadas por las sentencias del Tribunal Constitucional (como en todos los países con sistemas de justicia constitucional concentrada y no difusa), pero eso no puede impedir en modo alguno que, después de más de tres décadas de vigencia, nuestra norma fundamental no pueda ser cuestionada y, por lo tanto, reformada.

A pesar de estas incongruencias, el Gobierno central se empecina en seguir negando la legalidad a una consulta catalana y, aparentemente, en seguir rechazando una tercera vía, la reforma constitucional; lo que, inevitablemente, llevaría al Gobierno y Parlamento catalanes a convocar unas elecciones plebiscitarias, de las que, si resultara una mayoría cualificada, se podría derivar una declaración unilateral de independencia. Tras la rueda de prensa de Rajoy, que encalla todavía más el conflicto, y la hipotética actuación de la Fiscalía, junto a las posibles elecciones catalanas, solo queda deducir que todo responde a una estrategia pactada entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, desconozco si con la anuencia o no de los partidos soberanistas catalanes, aunque sospecho que con la complacencia de alguno de ellos.

Dicha estrategia, en mi opinión, se sustenta en la debilidad de Rajoy ante la derecha extrema de su partido y pasa por un grado más de deterioro del conflicto para que el PSOE proponga una reforma constitucional (ya está en ello) que evite al PP aparecer ante su electorado más radical como el impulsor de dicha reforma. La situación en Cataluña requiere un poco más de complejidad para asustar lo suficiente a esa mayoría silenciosa no independentista que vería con buenos ojos, in extremis, una reforma de la Constitución que diera encaje a las nuevas pretensiones de Cataluña y, de paso, resolviera otras cuestiones pendientes, como la sucesión a la Corona, por ejemplo. Así, Rajoy, en su estilo, siempre podría defender que se vio abocado por las circunstancias a abrir el melón de la reforma constitucional para llevar a España a un Estado cuasi federal (o federal del todo), algo a lo que, por cierto, tiene alergia la derecha europea, con la honrosa excepción de la alemana.

Decía yo en el mes de julio, en mi artículo “Pedro Sánchez, de aquí a noviembre” (http://www.nuevatribuna.es/opinion/franci-xavier-munoz/pedro-sanchez-aqui-noviembre/20140723090238105366.html) que la “reforma de la Constitución (…) está siendo ya cocinada por PP y PSOE entre plato y plato, servidos en algunos reservados de restaurantes de postín”. Y así lo sigo pensando, pues hay ahora razones imperiosas como las hubo en 1977, cuando Suárez y Carrillo pactaron en secreto la legalización del PCE durante una larga conversación de madrugada en el chalé madrileño del abogado José Mario Armero. Las grandes decisiones políticas parece que en España se siguen tomando con nocturnidad y alevosía…

Diplomado en Humanidades y en Gestión Empresarial