La guerra sucia tiene estas cosas, no está sujeta a ningún convenio internacional y los soldados llevan pasamontañas. En el caso español se trata de una guerra desigual en la que solo van armados los de los pasamontañas, algo parecido a una cacería, pero de seres humanos. Además todos sabemos que en la guerra sucia todo vale, de ahí su nombre. Se mata de oído, poco importa que la victima sea uno que pasaba por allí.
Aquellos que me conocen saben que condeno el terrorismo de ETA, los que no me conocen deben creérselo. De la misma forma, o si cabe con más fuerza, condeno el terrorismo practicado por el Estado español a través de esa panda de asesinos a sueldo funcionarial que eran los GAL. Dado el carácter de unos y otros si los de ETA eran cogidos iban directamente a la cárcel, cosa que me parece muy bien, pero que en el caso del GAL aún no sabemos a ciencia cierta quienes eran los verdaderos autores de un proyecto tan descabellado en el seno de un Estado de Derecho. Guerra sucia y justicia sucia.
Los asesinatos de los GAL son todos injustificables, lógicamente, tanto los que se llevaron a cabo contra miembros reconocidos de ETA como aquellos que acabaron con la vida de quienes no lo eran. Así llevamos dando innecesarias vueltas al asunto desde 1983, ni más ni menos que 31 años han transcurrido desde que los funcionarios del Ministerio del Interior del gobierno de Felipe Gonzalez pusieron en marcha la banda criminal, mientras que el presidente se enteraba de su existencia por los periódicos que hojeaba entre poda y poda de sus bonsais.
En el periodo en que estuvieron activos (1983-1987) acabaron con la vida de 27 personas. Una actividad que comenzó en 1983 con el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano hispano-francés que fue confundido con un cabecilla de ETA. En el ecuador de su existencia (1985), llevaron a cabo la más sangrienta de sus fechorías en la que murieron tiroteados cuatro militantes de ETA mientras que se encontraban indefensos en un bar de Bayona.
Desde que los asesinatos se llevaron a cabo, las victimas aún vivas y los familiares de las ya enterradas están reclamando al Gobierno de España las indemnizaciones a las que como victimas reconocidas que son tienen pleno derecho. Unas indemnizaciones que ya deberían haber llegado a cargo de los ejecutores, de los pistoleros y de sus capos si estos hubiesen sido convenientemente juzgados. Ahora el Partido Popular se vuelve a negar a reconocer los derechos de los asesinados, secuestrados o heridos alegando que todos pertenecian a una organización terrorista. Lo malo de esta alegación es que no es cierta en todos los casos, ya que no hay pruebas concluyentes de ello, para muestra tenemos el caso de Marey, y aunque las haya o hubiera no dejan de ser personas ejecutadas a manos de asesinos a sueldo, a un sueldo pagado por el Ministerio del Interior con cargo a unos sangrientos "fondos reservados". Parece ser, seguro, que el asunto acabará el Tribunal de Estrasburgo, proceso que sin duda lanzará a los cuatro vientos como se las gastaban en España la policía, sus máximos dirigentes, y su gobierno, una vergüenza.
Una vergüenza si, pero una vergüenza más que al gobierno español le resbala, máxime si tenemos en cuenta que también le resbala, y de forma supina, la que representa el trato que desde 1978 viene dando a las victimas de la guerra civil española y del franquismo posterior, todo ello a pesar de que los organismos internacionales le conminen a cambiar su postura de forma urgente y que desde 2007 existe y sigue vigente una ley española que lo exige claramente.
Según el Partido Popular, la ETA dejó victimas, el GAL se enfrentó a los enemigos del Estado y la sublevación militar de 1936 fue una cruzada para salvar a España de las hordas comunistas y por tanto los muertos que provocó lo fueron de forma necesaria para salvar la unidad de España y su no menos importante tradición católica, los que sufrieron las consecuencias del franquismo se lo merecían igualmente y por los mismos motivos, para además hoy añadir que los descendientes de las victimas del franquismo solo se acuerdan de sus antepasados si hay dinero de por medio.
El tema es amplio, delicado y....vergonzoso, pero además la actuación negacionista del Partido Popular, comporta un grave riesgo, representado éste por el antecedente de impunidad que justificaría nuevos crímenes. La ley de Memoria Histórica es a todas luces insuficiente, tanto en el fondo como en la forma, para resolver este gran problema, si tenemos en cuenta que olvida ilegalizar el franquismo y las sentencias de sus tribunales .Las recientes conclusiones del observador de la ONU tampoco son adecuadas. En España existe, y no hay duda alguna de ello, según expresa Pedro A. García Bilbao, "...una política que busca preservar la impunidad de los verdugos y de todos los que se han beneficiado con los crímenes, una larga lista que llega hasta el día de hoy". en su artículo "España y su política de estado hacia las víctimas del franquismo. Respuesta a Pablo de Greiff", cuya atenta lectura recomiendo, nos dice también: "En España, en 2014, el régimen se basa en la impunidad del franquismo y exige, para que se mantenga la apariencia de democracia, que el olvido, el expolio, la desmemoria y la injusticia sigan sin ser cuestionados", para terminar afirmando que: "La monarquía no traerá ni verdad, ni justicia, ni reparación, lo ha demostrado. Esto no lo dirá el diplomático Sr. Relator de la ONU, lo debemos decir nosotros: Necesitamos la República".
Con el régimen actual poco se puede hacer, es ilusorio solo pensar que sean los verdugos los que se pongan la soga al cuello, máxime si detentan el poder y que además, en el caso de perderlo, como ha sucedido anteriormente, el resto de las fuerzas políticas españolas, todas, tampoco han estado ni estarán decididamente por la labor de coger al toro por los cuernos.
Todas las victimas son importantes, pero realmente indigna que los medios de comunicación se hagan amplio eco de las victimas del entorno etarra y que sin embargo los cientos de miles de victimas del franquismo y la justicia que reclaman sigan olvidadas, incluso diría yo que despreciadas por gran parte la opinión pública tanto o más que por el gobierno, lo que sorprende aún más es que las formaciones de izquierda tanto tradicionales como de nuevo cuño sigan literalmente mirando para otro lado en este tema. Las victimas del franquismo deberían estar en lugar preferente de atención, aunque no fuera más que por el tiempo que llevan esperando a la justicia, más de 78 años años, casi nada.