Artículo 155.1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
A pesar de la ambigüedad del texto constitucional, es evidente que el Gobierno sólo cuando le conviene evoca el cumplimiento de la Constitución y denuncia su no cumplimiento cuando lo puede utilizar para atacar inmisericorde a los que discrepan de su política de recortes. Rajoy tiene ente sus ojos un desafío que su inmovilismo innato no le permite mover un dedo. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda y esto le tranquiliza y le deja como si estuviera inerme. Aunque sus secuaces ya han presentado una batería de medidas, incluyendo la intervención militar, si la intentona separatista de Catalunya se consumara unilateralmente. No deja de ser escandaloso que el Gobierne a través de su política de recortes de derechos, que él llama bajo el eufemismo de reformas, sea el primero que no está cumpliendo la Constitución.El Gobierno ha provocado la destrucción del Estado del Bienestar y se manifiesta de forma fehaciente en la desigualdad que se ha provocado entre los españoles. Unos pocos, más ricos, y el resto, más pobres, a nivel nacional. Pero quien ha materializado las desigualdades más patentes han sido las Comunidades Autónomas. El artículo 155 de la Constitución Española está siendo violado en unas en más proporción que en otras, ya sin necesidad de llegar al 9-N. El Gobierno in extremis puede utilizar el artículo 155: Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España… ¿Este precepto solamente estápensado para el separatismo? ¿El separatismo en sí es un crimen, es un delito? ¿El artículo 155 entiende que la privación de derechos constitucionales atenta, gravemente al interés general de España…?
No hace falta que los ciudadanos estemos muy versados en ingeniería jurídica, pero basta con leer el Título I de la Constitución Española para observar el déficit de derechos constitucionales al cual han sometido a la ciudadanía española, estosúltimos seis años. En dos ámbitos muy precisos: La ausencia de democracia real en todas las instituciones del Estado, donde el gobierno del pueblo no ha sido para el pueblo, sino dirigido por los poderes del dinero, y el otro ámbito es el de la corrupción más generalizada que jamás podríamos haber pensado: agravada por la crisis que a su vez tampoco la ha propiciado la sociedad.
Antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Catalunya, por una cuestión que no es un crimen consumado, sería preciso que el Ministerio Fiscal actuara, porque tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por ley, de oficio o a petición de los interesados. Artículo 124 de la Constitución. Los recortes han traído paro, pobreza, miseria, hambre, desnutrición y sobre todo desigualdad. Según qué comunidad autónoma la asistencia sanitaria se lleva a extremos esperpénticos, donde estamos más cerca de actuaciones criminales con peligro de muerte, que de meros reajustes de presupuesto obligados por la crisis económica.
Dos ejemplos ilustran este, digamos mí planteamiento demagógico y populista: Mientras enfermos de hepatitis claman en la calle para que les proporcionen el medicamento que no les aplican porque es caro, se está poniendo a disposición de los enfermos de ébola, todo lo que ha menester para salvar vidas. Que nadie interprete de forma torticera, esta anécdota porque yo compare la asistencia dada a compatriotas nuestros, que son héroes y víctimas de la explotación del hombre por el hombre, pero ilustra claramente la desigualdad que se está creando en España.
Sin duda que algo o mucho huele a podrido en el Reino de España, que la clase política y gran parte de la empresarial, necesitan una enmienda a la totalidad, pero mientras, estamos siendo testigos de la indecisión del Gobierno y de los crímenes cometidos por sus políticas ahogando al pueblo.
La problemática catalana es una cuestión política y la Constitución no es un dogma de fe, es un documento político que se puede y se debe cambiar, al servicio de los ciudadanos. Pero los niños hambrientos, los dependientes sin ayuda y los enfermos están viendo cercenada su asistencia médica, que está provocando muertes prematuras y una desigualdad de los derechos constitucionales. Ante este innegable estado de emergencia, la clase política lejos de articular soluciones constitucionales, ha fosilizado la Constitución y corrompido la vida pública…
Pedro Taracena