Estamos pasando unos días, en los que, como nos tienen acostumbrados, están sucediendo acontecimientos importantes de alcance nacional e internacional. Algunos vienen de lejos, como la guerra en Ucrania, llenan los informativos y en ocasiones hasta mueven las conciencias; ahora el surgimiento del Estado Islámico contra los «infieles». Por estos lares, tras la V de la Diada, con la que los soberanistas reclaman decidir el 9-N, promete interesantes días.
En el ámbito internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, siguen azuzando en la guerra en Ucrania y apoyando al gobierno de Kiev, que dejándose querer, incendia la zona con sus declaraciones de «guerra total» que promueve la OTAN. No valen los acuerdos de alto el fuego, que alguna de las partes «incontroladas» lo rompe con bombardeos inmisericordes contra la población civil. Ni siquiera el intercambio de prisioneros va a servir para nada. EEUU y la OTAN no van a frenar sus provocaciones en defensa de intereses geoestratégicos y petroleros norteamericanos, con una Europa al pairo y sin dirección propia. Los avances de las «autodefensas» en el este de Ucrania, se deben a que entienden que la causa por la que combaten es justa, mientras que el ejército ucraniano se siente defraudado porque no ha sido capaz de lograr sus objetivos. Nada por el pueblo y todo sin él, que es el máximo perdedor por ahora y siempre.
Oriente medio de nuevo a punto de estallar. Ahora surge el Estado Islámico (EI), decapitando a periodistas mensajeros y voluntarios de organizaciones humanitarias. Mientras Occidente se indigna por los macabros asesinatos de James Foley, Steven Sotloff y David Haines, como no puede ser de otra manera, Arabia Saudita, aliado de EEUU, decapita a 23 personas, sin que se le pidan cuentas. La aptitud belicosa del premio Nóbel de la Paz, Barack Obama y su voluntad de exterminar a los radicales del EI en Irak y Siria no mejora la situación; ahora combate a quienes antes ayudó y vuelve a bombardea sin el consenso de la ONU, que mira para otro lado, cuando se arma a grupos paramilitares. Rusia, China e Irán, ya advirtieron a Occidente y a sus aliados en el Golfo Pérsico, de los riesgos que se corrían con su política, argumentando que el vacío de poder que provocaban, lo ocuparían los extremistas, tal y como ahora sucede. Después del genocidio en Gaza, otra crisis humanitaria se asienta en la región.
Centrémonos en el caso de Catalunya. Cientos de miles de personas —550.000 inscritos, 1.800.000 asistentes según Guardia Urbana, entre 470.000 y 520.000, según la delegación del Gobierno—, se manifestaron por la Diagonal y la Gran Vía de les Corts Catalanes en Barcelona, para dibujar una enorme letra V, como identificación con el voto en la consulta prevista para el próximo 9-N y la V de victoria del posicionamiento nacionalista. Se dice que ha sido una de las movilizaciones más multitudinaria de la historia de Europa. Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), ha pedido al Parlament de Catalunya y al presidente de la Generalitat, que el 9 de noviembre «ponga las urnas» y a los representantes políticos nacionalistas, que mantengan la unidad interna y «sean dignos del pueblo que los ha votado». Por su parte, desde Òmnium Cultural, se ha celebrado que trescientos años después del 1714 «se dejen de celebrar derrotas militares, para ser un país que construye una victoria pacífica». La voz del pueblo está por encima de lo que opine un tribunal partidista de Madrid, decían, mientras se escuchaba el canto de Els Segadors.
El artículo 2 de la Constitución (CE), proclama que ésta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». Se construyó un Estado sin reconocer su plurinacionalidad ni explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Han pasado treinta y seis años y es tiempo de pensar en un Proceso Constituyente, que de respuesta a este problema histórico sin resolver. El Estado de las Autonomías, fue la solución consensuada en 1978 al tan traído tema de la «unidad», pretendiendo superar el concepto de la dictadura: «España, unidad de destino en lo universal» y salvar la situación creada durante la Segunda República en Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación cuestionada. Por su parte la derecha reaccionaria en el gobierno, pretende dar una respuesta utilizando el Código Penal y medidas de excepción, en lugar de permitir que el pueblo hable. Tras la unidad, ocultan su política que tanto daño hace a la mayoría de la población.
La Fiscalía y los tribunales actuarán «en consecuencia», si la Generalitat sigue adelante con su plan de sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre, para votar por la independencia; aseguraba el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce (al servicio de Gallardón). Dice haber estudiado «todas las posibilidades de actuación hipotéticas» y está preparado para actuar en caso de que Artur Mas incumpla los mandatos constitucionales. Y si la fiscalía estudia la posibilidad de utilizar el castigo penal, el gobierno prepara otras alternativas excepcionales.
Y por qué digo esto, por lo que supuestamente me han contado: «Cuando me dirigía hacia la cafetería situada en el complejo de la Moncloa, me llegó un retazo de conversación, que procedía, como un susurro, desde la mesa de al lado: —Estoy preparando la fase A del Estado de Excepción—. Conocía a aquel tipo. Era uno de los coordinadores del gabinete de crisis. Desayuné como siempre: café con leche y media barrita de aceite con tomate y me olvidé del caso. Con la V de la Diada lo entendí todo». Cuando Mariano Rajoy dice: «El Gobierno tiene listas todas las medidas ante el desafío soberanista» y no habrá consulta, a esta medida extrema se refiere.
La Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que recoge el mandato del artículo 116 CE, establece que «Procederá la declaración de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes». Las medidas en éstas circunstancias, así como la duración, serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se debe realizar en forma proporcionada a las circunstancias. Ya sabemos que Rajoy, en otras cuestiones, está actuando como si las circunstancias previstas en esta ley se estuvieran dando y con la excusa de la crisis económica, desmantela el Estado social; ahora quiere hacerlo con el de las autonomías.
Nada es extraño: utilizarán el Código Penal, tomarán Catalunya por las armas del ejército sin que les tiemble el pulso o declararán el Estado de Excepción. Suspenderán la autonomía, asumirán sus competencias y meterán en la cárcel a Mas por delito de sedición. No se sabe todavía que harán con los cerca de dos millones de asistentes a la Diada —que podrían representar la voluntad de un 80 o 90% de la población catalana—, que pedían el derecho a decidir en una consulta. Cualquier cosa hará el gobierno, menos utilizar la vía democrática.
El artículo 155.1 CE prevé que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Aplicando este criterio, el gobierno asumiría las competencias en materia de educación y de seguridad, prohibiendo expresamente la celebración de la consulta e impidiendo que ningún colegio se convierta en sede electoral, por la fuerza de los Mossos d'Esquadra. El gobierno, igualmente, impediría por la fuerza, la celebración de votaciones en la calle o en alguna otra institución.
Rajoy está adoptando medidas propias de un «estado de excepción» sin haberlo declarado, lo que ahora está dispuesto a hacer. Con su rodillo absoluto en el parlamento y mediante la fórmula del decreto, suspende y elimina derechos constitucionales, construyendo un modelo propio totalitario, alejado de los principios que inspiran la CE, que tanto dicen defender. Ha privatizado la sanidad y entrega el sistema a sus amigos. Nacionaliza las pérdidas de la banca y privatiza sus beneficios. Elimina derechos laborales, baja sueldos a empleados públicos y beneficia el fraude fiscal de las grandes fortunas y empresas. Establece tasas que limitan el derecho de acceso a la justicia. No promueve el empleo ni favorece a los autónomos ni a emprendedores ni beneficia la economía real. Criminaliza las protestas y penaliza a quienes defienden sus derechos. Proclaman la defensa de la ley que ellos mismos hacen a su imagen y únicos intereses.
No se van a detener ni contra los nacionalismos ni contra los catalanes y el derecho a decidir pacíficamente. «Habla pueblo habla», fue más que una canción, el himno de la Transición, que Jarcha inmortalizó. Se utilizó durante la campaña del referéndum para la Reforma política del 15 de diciembre de 1976. Ahora, que tanto se vuelve a hablar del espíritu de aquella transición, el mensaje cobra actualidad: «Habla pueblo habla / Tuyo es el mañana / Habla y no permitas que roben tu palabra. / Habla pueblo habla / Habla sin temor / No dejes que nadie apague tu voz. / Habla pueblo habla / Este es el momento / No escuches a quien diga que guardes silencio». No dejes que nadie decida por ti, ni hoy ni nunca. Por el derecho a decidir, ahora es el momento.
Víctor Arrogante
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