Ha transcurrido una década desde las primeras exhumaciones, pero el balance es más bien desolador. Andalucía sólo ha recuperado los restos de 3.142 víctimas del franquismo, mientras que asociaciones y expertos consideran que la falta de fondos y de voluntad política han impedido avanzar en las exhumaciones
El primer intento fue en Lecrín (Granada). Hace diez años, Agustín Góngora Montero, ya fallecido, quiso buscar los restos de su hermano Aniceto, fusilado a los 23 años el 14 de agosto de 1936 cerca de Lecrín. Fue la primera fosa común de víctimas del franquismo que se trató de localizar en Andalucía. La Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A), con el apoyo del Ayuntamiento de Lecrín, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de familiares y amigos, logró que excavaran en el lugar donde se suponía, por testimonios orales, que están sepultadas 25 personas procedentes del pueblo granadino de Torvizcón, la localidad natal de Aniceto. La iniciativa resultó fallida. Al parecer, la fosa que buscaban quedó sepultada bajo la autovía. Agustín murió sin poder llevar los restos de su hermano a su pueblo para darle un entierro digno. Era toda la justicia que pedía.
Aquella intervención llegó a Andalucía tres años después de que se realizara la primera exhumación con técnicas científicas de una fosa del franquismo en España, en Priaranza del Bierzo (Ponferrada). Desde entonces se han abierto en la región unas 35 fosas y se han recuperado los restos de 3.142 víctimas de la barbarie fascista, según se deprende del informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi sobre las exhumaciones llevadas a cabo en España hasta diciembre de 2012. Quedan, según el mapa de fosas de Andalucía, al menos otras 600 fosas por abrir y miles de asesinados enterrados en ellas. La cifra de desaparecidos supera los 47.300, según los investigadores. Sevilla es la que más fosas tiene, con 130, seguida de Huelva (120), Cádiz (100), Granada (87), Málaga (76), Córboda (69), Jaén (24) y Almería (9). Son datos aproximados, basados en testimonios orales y documentales que, en muchos casos, están pendientes de constatación. El mapa de fosas de Andalucía contiene errores que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía quiere corregir y actualizar con los datos de nuevos enterramientos que han ido apareciendo.
MÁLAGA: UNA EXHUMACIÓN EJEMPLAR
Aun así, el balance de los primeros diez años de exhumaciones en Andalucía resulta descorazonador. Buena parte de los restos recuperados, 2.840, procede de la fosa común abierta en el cementerio de San Rafael, en Málaga, la mayor exhumación realizada en Europa Occidental en las últimas décadas. En ese camposanto, cerrado en 1987, hubo fusilamientos desde 1937 hasta 1957. Los investigadores llegaron a documentar 4.471 fusilados, con nombres y apellidos, cuyos cuerpos fueron arrojados a las zanjas abiertas en el mismo cementerio. No se recuperaron todos los cuerpos. En los años cincuenta vaciaron algunos enterramientos para enviar los restos al Valle de los Caídos. La exhumación, en cualquier caso, fue ejemplar por el acuerdo al que llegaron administraciones de distinto signo político para realizar los trabajos y financiarlos. El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, “colaboró desde el primer momento”, relata Andrés Fernández Martín, arqueólogo y responsable científico de las excavaciones realizadas en el cementerio de San Rafael y en el camposanto de Teba (Málaga), donde se recuperaron los restos de 151 víctimas de la represión franquista.
Los trabajos del mayor proyecto de exhumación realizado en Andalucía duraron tres años (desde octubre de 2006 a octubre de 2009) y tuvieron un coste de 900.000 euros. “Lo asumieron a partes iguales el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Administración central en lo que fue un ejemplo de colaboración modélico”, explica el arqueólogo Andrés Fernández. Él, que ha dirigido las excavaciones de las dos mayores fosas de la Guerra Civil y el franquismo abiertas en Andalucía, considera que después de diez años de trabajo se ha avanzado muy poco. Lo achaca fundamentalmente a la falta de medios. “El problema es económico, y más ahora, que con la excusa de la crisis, el Gobierno del PP ha retirado las subvenciones destinadas a la Memoria Histórica”, señala.
La colaboración del Ayuntamiento de Málaga (PP) en las exhumaciones es un hecho aislado en Andalucía. Es la única vez, que se sepa, que un alcalde del PP se ha implicado, con decisiones y con dinero, para abrir las fosas del franquismo en Andalucía. Los restos, sin embargo, no se han identificado. “La identificación genética es muy complicada cuando se trata de fosas masivas, con más de diez cuerpos”, precisa el arqueólogo director de la exhumación de San Rafael. Por lo pronto, la Universidad de Málaga ha realizado un banco de datos con muestras genéticas de familiares y de los restos óseos aparecidos en las fosas por si en algún momento pudieran llevarse a cabo las identificaciones.
FALTA DE COOPERACIÓN DE LOS ALCALDES
Lo sucedido en Málaga no se ha producido en otras provincias andaluzas, donde las asociaciones que han impulsado la apertura de fosas, a petición de familiares de víctimas, han tropezado con la falta de cooperación de alcaldes de todo signo político, fundamentalmente del PP. Puede que ello haya influido en lo poco que se ha avanzado en la última década para dignificar a los represaliados en la dictadura. En este tiempo, además de las dos grandes fosas abiertas en Málaga, se han recuperado los restos de 49 personas en la localidad sevillana de Puebla de Cazalla y 31 en Cazalla de la Sierra, también en Sevilla, según el informe Aranzadi sobre las exhumaciones en España. Las restantes actuaciones corresponden a pequeños enterramientos.
En Granada se han abierto hasta doce fosas, todas menores, y se han rescatado los restos de 79 víctimas, la mayoría, maquis, fusilados después de 1936. En esta provincia, donde se realizó el primer intento de localizar una fosa común, ha habido varias excavaciones sin resultados. La más llamativa fue la de Alfacar, donde se suponía que se encontraban los restos del poeta García Lorca, símbolo universal de la represión fascista, fusilado en la madrugada del 18 al 19 de agosto junto a los banderilleros Francisco Galadí y Francisco Argollas y al maestro de Pulianas Dióscoro Galindo. La intervención resultó frustrante para muchos, sobre todo para los familiares de Galadí y Galindo, que habían solicitado la exhumación acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica. Aquel fracaso le dio oxígeno a la derecha más rancia de Granada. Un sector del PP, liderado por su presidente, Sebastián Pérez, emprendió una campaña contra las exhumaciones, de las que habla con desprecio cada vez que tiene ocasión.
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Los pocos avances logrados se deben, en parte, la actitud obstruccionista de un sector de la derecha andaluza que se niega a colaborar para recuperar la Memoria Histórica. Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de Memoria Histórica de la CGT-A, considera que ha habido “falta de voluntad política” para promover las exhumaciones. Gordillo, que impulsó la recuperación de restos de víctimas de la represión franquista desde el primer día, con el intento de Lecrín, afirma, diez años después, que la Junta de Andalucía no se planteó la apertura de fosas hasta 2012. “No creo que se deba a falta de medios, sino a cuestiones políticas”, dice al referirse a los escasos resultados que se han obtenido hasta ahora. “Hay provincias en las que aún no se ha intervenido en una fosa común”, explica. Y alude a un enterramiento situado en una vía pecuaria de Huelva, con los restos de dos represaliados, que la Junta prometió exhumar. “Aún estamos esperando”, señala.
A Gordillo le llama la atención que las últimas intervenciones se hayan realizadas en fosas comunes de maquis, todas ellas posteriores a 1936. ¿Las causas? Eso es, precisamente, lo que él se pregunta. En principio, no cree que la futura Ley de Memoria Democrática de Andalucía pueda mejorar sustancialmente las cosas. Los trabajos que se vienen realizando no van más allá de la localización, señalización e identificación de las fosas del franquismo y de la comunicación al juzgado de los restos encontrados. Cuestión distinta es lo que espera de la acción judicial, que es muy poco, a la vista de los precedentes.
“EL FASCISMO NO DEJÓ HUELLAS”
En los resultados obtenidos hasta ahora influyen otras cuestiones, dado que las exhumaciones deben realizarse a instancias de familiares de víctimas y con la autorización de los propietarios de los terrenos en los que se supone que se sitúan las fosas. Pero no es lo que más ha influido para que se haya avanzado tan poco, señala Rafael Gil Bracero, historiador y presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH). Para él, es evidente que la búsqueda de fosas, basada en testimonios orales, sin base documental, puede conducir a la frustración. “Todas las intervenciones que se han llevado a cabo con soporte documental han dado buenos resultados”, explica.
Gil Bracero considera que la falta de recursos ha influido en las escasas intervenciones llevadas a cabo hasta ahora y comparte que hubo un tiempo en que la Administración tuvo poco interés en abrir las fosas del franquismo. “Eso ha cambiado en los últimos años”, precisa. “Las asociaciones hemos cumplido un papel y ahora las administraciones han de ser copartícipes”, afirma. El presidente de la AGRMH, que además es alcalde de Pulianas (PSOE) y miembro del grupo de Memoria Histórica del PSOE-A, asegura que los propios socialistas iniciaron una reflexión interna, a partir del año 2000, convencidos de que “para fortalecer la democracia hace falta identificar a las víctimas de la represión franquista”.
El investigador Francisco Vigueras cree que la apertura de las fosas del franquismo debió ser una cuestión de Estado. “Ha habido dejación por parte del Estado de derecho, que delegó la iniciativa de las exhumaciones en la sociedad civil”, relata. También apunta que ha influido “la campaña de desprestigio y confrontación” que ha impulsado la derecha en contra de la apertura de fosas. “La Ley estatal, además, es muy restrictiva puesto que sólo permite abrir fosas a petición de los familiares”, indica, y espera que la futura norma andaluza sea mucho menos restrictiva y permita que la iniciativa parta de familiares, asociaciones, ayuntamientos o de la propia Junta de Andalucía.
Amina Nasser
Fuente: www.andalucesdiario.es