A la mañana siguiente todo parecía funcionar rutinariamente. Quizá su larga agonía amortiguó el impacto de la muerte de un dictador cuyo objetivo confesado fue el de exterminar, si fuese necesario a media España para implantar un régimen totalitario que eliminarse cualquier vestigio de democracia.
El general Franco, invitado a declinar su poder en la persona de don Juan de Borbón, rechazó estas insinuaciones y se cuidó de poner en marcha los mecanismos para perpetuarse en el poder. La ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 julio 1946 estableció que España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en reino. Franco se reserva la facultad de proponer a las Cortes la persona que deba ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey reservándose la posibilidad de revocar la designación aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes.
La Ley Orgánica del Estado de 1 de enero de 1967, establecía, en la disposición transitoria primera, que "cuando se cumplan las previsiones de la Ley de Sucesión" la persona llamada a ejercer la Jefatura del Estado a título de rey asumirá las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado en la presente ley. El apartado segundo de esta disposición transitoria, mantiene intactas las leyes de poderes excepcionales de Franco, de 30 enero 1938 y 8 agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6 y 13 de la Ley de Sucesión que: "mantendrán su vigencia hasta se produzcan" las previsiones de la ley de sucesión.
La ley de 14 julio 1972, confirma la designación por Franco del príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado, pero mantuvo intacta la facultad de revocación de la persona propuesta.
Fallecido el dictador, el discurso de la Corona del 22 noviembre 1975, exalta la figura excepcional de Franco que entra en la Historia como un hito al que será imposible dejar de referirse. Admito que el pasaje puede contener un mensaje sibilino pero los hechos no pueden ser manipulados.
La Ley para la Reforma Política del 4 enero 1977 rompe con el entramado de las Leyes fundamentales y proclama que la democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.
El pacto de la transición cuyos recovecos más intricados se escapan a un análisis racional, admite y así se puso de manifiesto en los debates y trabajos parlamentarios para redactar la Constitución que la Corona podría constitucionalizarse si servía para acabar con el fascismo y traer la democracia.
El cambio de una dictadura a una democracia, sin ruptura o derrocamiento como sucedió en Portugal, exige un delicado engranaje que nadie se preocupó de ajustar, en aquellos momentos. La regulación del título de la Corona en la Constitución de 1978 evidencia una cierta desgana política que se han puesto de relieve cuando se ha producido la abdicación del Rey Juan Carlos. La imprevisión se ha sustanciado con un trámite puramente administrativo que incluso podría ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constiítucional, si un partido republicano tuviese cincuenta diputados o senadores.
José Antonio Martín Pallín