La Monarquía no tiene un problema por la República. Lo tiene por ella misma y por el sistema político que se articuló a partir de las Leyes Fundamentales del general Franco para hacer posible su Restauración.
La Monarquía en España carece de legitimidad propia. El depósito de legitimidad lo agotaron Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII. Es, en consecuencia, una especie amenazada de extinción, que no puede cometer errores para sobrevivir. Mientras los miembros de la familia real no los han cometido de manera que resultara visible, la institución no ha sido puesta en cuestión. Cuando los errores han sido inocultables, han saltado todas las alarmas. De ahí la abdicación. La primera amenaza para la Monarquía no ha venido de la República, sino del interior de la Casa del Rey.
Pero lo que dificulta la supervivencia de la Monarquía no son tanto esos errores como el agotamiento del sistema político con el que se hizo la Transición, diseñado para garantizar el asentamiento de la Restauración. El objetivo era la Restauración. El instrumento era pasar de la dictadura a la democracia. A finales del siglo XX no podía ser de otra manera. Pero el objetivo era la Restauración, al servicio del cual se diseñó el instrumento: el tipo de democracia que debería hacerla posible sin riesgos.
Hay una continuidad materialmente constitucional entre 1845, 1876 y 1978. Son las tres constituciones que han estado vigentes durante casi toda la historia constitucional de España y todas ellas han estado presididas por la desconfianza hacia el protagonismo que pudiera alcanzar la ciudadanía en la dirección política del país. La Monarquía ha sido en todas ellas la expresión de dicha desconfianza. La Monarquía, salvo en 1931, ha sido siempre indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español y, como consecuencia de ello, límite para el protagonismo de la sociedad española en su proceso de dirección política.
Esta es la razón por la que en España no se ha reformado la Constitución. Ni se va a reformar. Para que la reforma de la Constitución sea posible, el principio de legitimación democrática no puede estar encorsetado. Si lo está, el vínculo entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio se erosiona hasta llegar a desaparecer y el sistema político se hunde. Es lo que nos ha ocurrido en el pasado y me temo que es lo que nos va a volver a ocurrir.
Creo que no está en la mano del Rey poder evitarlo. Puede evitar que la Casa del Rey cometa errores. Si la supervivencia de la Monarquía dependiera de ello, lo podría conseguir. Pero una monarquía parlamentaria no puede sobrevivir si el sistema político sobre el que se eleva está podrido y, como consecuencia de ello, carece de legitimidad. Juan Carlos I y Felipe VI no tienen la responsabilidad que tuvo Alfonso XIII en la descomposición de la Primera Restauración, pero su posición es casi tan insostenible.
Javier Pérez Royo es catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla.
Fuente: www.elpais.com