Rabab Badri acudió asustada al servicio de urgencias del hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 1 de abril. Estaba dando el pecho a su hijo pequeño cuando descubrió una forma extraña en su mama izquierda. Los profesionales sanitarios que allí le atendieron confirmaron sus sospechas: tenía un bulto de cinco milímetros de “consistencia elástica, móvil”.
La médica del servicio de urgencias le habló de un posible cáncer de mama que solo puede ser comprobado siguiendo sus indicaciones: “Estudio de imagen para valoración” y cita con el ginecólogo de área para estudio. El protocolo habitual. El problema es que Rabab no tiene papeles y por tanto la Comunidad de Madrid no se hace cargo de estas pruebas diagnósticas y deberá ser la joven marroquí quien pague por ellas o busque otra vía para conseguir un diagnóstico precoz de una posible enfermedad que le podría salvar la vida.
Rabab tiene 24 años y pocos recursos económicos. Llegó a España a los seis años y perdió el permiso de residencia al cumplir los 18, pero hasta que el PP cambió la ley aún podía acudir al médico. Tiene tres hijos y difícilmente podría hacerse cargo del coste de las tres pruebas que necesita para saber qué tiene dentro de su cuerpo: una mamografía, una ecografía y una punción aspiración.
Si finalmente se presenta en su Centro de Salud para hacer caso de las indicaciones de la médica de urgencias, no le harán las pruebas si no firma un compromiso de pago con la Administración. Hasta que no termine, no sabrá a cuánto ascenderá la factura, ni las implicaciones futuras que le puede suponer no pagarla.
Un difícil retorno
La joven trata de buscar una solución pero los tiempos están peor que nunca: sólo encuentra pequeños trabajos, sobre todo como limpiadora de casas, que al pagarse en negro no la sacan de su condición de irregular. Pero en Marruecos ya no le queda nada. “No puedo volver, yo no sabría vivir allí”, confiesa.
Rabab ha sido además víctima de violencia de género por parte del padre de sus primeros dos hijos, que no colabora para sacarlos adelante. Y su situación de indefensión la ha llevado a sufrir algunos percances más de este tipo.
“Salgo adelante como puedo pero al menos me queda el consuelo de que mis hijos sí tienen la nacionalidad española y tienen todos los derechos”, señala. Mientras habla, su hijo mayor, Mohammed, de seis años, se revuelve ajeno a las preocupaciones de su madre. “Es el más grande y el más travieso”, sonríe Rabab.
Afortunadamente, la joven no está del todo sola. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la plataforma de profesionales sanitarios Yo Sí Sanidad Universal se están movilizando para lograr que reciba asistencia médica. Esta semana es posible que, finalmente, la atienda un ginecólogo insumiso a la reforma. Pero, aunque se solucione, su caso, lejos de ser aislado, se puede repetir en cualquier momento en cualquier otro lugar del país.
Excluidos del sistema sanitario
La aprobación del Real Decreto 16/2012 ha supuesto la exclusión del sistema sanitario de todos aquellos inmigrantes sin papeles. Únicamente serán atendidos los casos de parto, niños menores de edad y todos los problemas que entren por Urgencias.
En el caso de Rabab, aunque llegó a Urgencias, allí no le hicieron las pruebas diagnósticas ya que éstas se realizan en el centro de especialidades. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid aseguran que allí será atendida, aunque reconocen que luego se le pasará una factura. “¿Y si no la paga?”. Silencio. “Eso ya no depende de nosotros”, se escudan en Sanidad.
El RD 16/2012, de 20 de abril, significó todo un cambio de modelo en el sistema nacional de salud. A partir de ese momento, los pacientes pasan a ser “asegurados”, y el modelo asistencial depende exclusivamente de tener un trabajo. Así, los inmigrantes que no cotizan a la Seguridad Social quedan excluidos del sistema.
Ahora a Rabab se le presentan varias soluciones. Desde Sanidad dan algunas pistas: “Las urgencias con ingreso no se cobran hasta el alta hospitalaria”. Es decir, si su posible enfermedad empeora, tendría derecho a la asistencia gratuita. La otra opción es firmar un seguro con el Estado. Su precio es de 60 euros al mes, pero se ahorrará el pago de las pruebas diagnósticas. Finalmente, podría optar por hacerse las pruebas y esperar que la carta de pago nunca llegue…
Fuente: www.lamarea.com