Hacienda ya comunicó que los duques cargaron parte de las obras como gastos de empresa, pero el fraude es inferior a 120.000 euros por año
Todavía están pendientes de llegar los últimos informes encargados a Hacienda y, sobre todo, todavía quedan por hacer las cuentas finales, pero el juez José Castro lo va a tener muy difícil, por no decir imposible, para volver a imputar a la infanta a la vuelta de vacaciones tal y como estudiaba. Al menos no por la faraónica reforma del ya famoso palacete de Pedralbes, tal y como sopesaba cuando el pasado 25 de julio encargó un nuevo informe a la Agencia Tributaria sobre las empresas que trabajaron en aquellas obras.
Hacienda ya informó de que la cuota supuestamente defraudada, que sí que la habría, no da para hablar de delito. Solo para multa y en el caso de que no se consideren prescritos esos ejercicios. El magistrado creía haber encontrado un resquicio en la estrecha ventana que la Audiencia Provincial de Palma le dejó entreabierta el pasado 7 de mayo cuando suspendió la citación de Cristina de Borbón, advirtiéndole de que solo estaría dispuesta a respaldar una imputación de la hija menor del rey en el caso de fraude fiscal o blanqueo de dinero.
Ese resquicio tenía dos nombres: Aizoon y Pedralbes. La posible acusación contra la infanta que estudiaba el instructor del caso Nóos sería la de delito fiscal por haber cargado gastos de la reforma de la mansión familiar de Elisenda de Pinos 11, en Barcelona, a la empresa de la que son titulares Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin al 50 %. La irregularidad -cometida a través de la empresa, pero de la que fue beneficiario directo el matrimonio porque el palacete es propiedad de ambos- sería no haber pagado el IVA de aquella carísima remodelación realizada en el inmueble, que por aquellos años estaba en el 16 %.
Y efectivamente, los duques, a la vista del informe de Hacienda endosaron algunos de los trabajos en concepto de «compras declaradas» de Aizoon, como si las facturas en baños, ladrillos o jardinería fueran encargos que proveedores habían hecho para la empresa y no para particulares. Esa maniobra consiguió que el matrimonio pudiera deducirse el IVA a través de la empresa, que estaban legalmente obligados a pagar como personas físicas.
Pero las cuentas, todavía provisionales, no dan para hablar de delito fiscal. El grueso de la reforma del palacete de Pedralbes fue declarada por Iñaki Urdangarin legalmente y pagó el IVA correspondiente a unos gastos de 2.976.056,31 euros. Los trabajos que, siempre de acuerdo al informe de la Agencia Tributaria, fueron endosados a Aizoon, y por tanto pudieron deducirse el IVA de forma irregular, ascendieron a 691.506,96 euros entre el 2005 y el 2009.
Aclimatar la bodega
Ni siquiera en el ejercicio en que más gastos se hicieron pasar por proveedores -el 2005 con 419.678,78 euros- habría delito. El 16 % de ese total es 67.148 euros, poco menos de la mitad de los 120.000 euros anuales que es el mínimo que permite aplicar el artículo 305 del Código Penal. Aquel año, Aizoon pagó muebles, cuadros y cristalerías. El año siguiente, los costes de la reforma que se cargaron a la empresa fueron de 20.887,32 euros, entre ellos más de 9.000 en materiales para tapicerías y cortinas. En el 2007 la cifra ascendió a 247.587,30 euros a una empresa de reformas. Y en 2008, los duques de Palma pagaron a través de su sociedad 3.253 euros en las obras de aclimatación de la bodega de la mansión.
Fuente: www.lavozdegalicia.es
